“Del portafolio de proyectos mineros avanzados, 37 proyectos con una inversión conjunta de U$ S44, 709 millones aún no tienen cronograma de construcción”, expuso Rómulo Mucho, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, durante el III Congreso Nacional KORIMIN, organizado por la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano.
No obstante, destacó que el «Plan con punche Perú» del Ministerio de Economía y Finanzas propone la reactivación del sector minero a partir del acompañamiento y destrabe de proyectos mineros por un total de US$ 10,555 millones, entre los que se encuentran Ampliación Toromocho, Yanacocha Sulfuros, Reposición Antamina, Optimización Inmaculada y Zafranal.
Precisamente, para el exviceministro de Minería las inversiones privadas y públicas deberían constituir uno de los cincos ejes principales dentro de un eventual programa económico con énfasis en revertir el bajo crecimiento promedio interanual de 1.7% del reciente período 2020-2022 y recuperar el crecimiento interanual de 6.1% o más del período 2002-2013.
“La gran tarea de reactivar la economía es alcanzar los niveles de producción prepandemia y recuperar las tasas de crecimiento potencial de al menos 5% anual. Para este gran reto, se necesita un programa económico con prioridad en cinco temas centrales: estabilidad macroeconómica, institucionalidad, inversiones, productividad y exportaciones”, precisó.
De acuerdo con Rómulo Mucho, la evolución de la balanza comercial en los últimos tres años completos se encuentra en caída, como consecuencia del estancamiento de las exportaciones y el aumento de las importaciones, lo cual se acentuó desde el segundo trimestre del 2022, a pesar de una mejor cotización del cobre, que es nuestro mineral de mayor comercialización.
Repuso que el deterioro de la balanza comercial y la caída de la inversión privada tendrán un serio efecto negativo en el PBI, que anotó una caída de 11.1% en 2020, el más importante en lo que va del presente siglo, perjudicando el empleo e ingresos de los hogares, los cuales, junto con los programas sociales, son los principales mecanismos de reducción de la pobreza.
Para el director del IIMP, un fuerte efecto negativo sobre la economía y la crisis social podrían acarrear las protestas violentas en el corto plazo, si no son enfrentadas de manera oportuna y efectiva por el gobierno, lo que contribuirá al desabastecimiento de los mercados, el incremento de la inflación y las mayores tasas de interés de parte del Banco Central de Reserva.
“Es imperativo que se restablezca la paz social para que se reactive el crecimiento económico, ya que el deterioro de la economía y el aumento de la inflación afecta a los más pobres y genera el caldo de cultivo para los violentistas. Por ello, el gobierno y las autoridades deben ser conscientes del rápido deterioro de la economía causado por los actos de violencia”, afirmó.