A menos de un año de las próximas elecciones generales, solo 12 de los 36 partidos políticos que aspiran a gobernar el país presentan propuestas concretas para enfrentar la minería ilegal en sus planes de gobierno, revela un análisis elaborado por el Observatorio de Minería Ilegal y el Colegio de Ingenieros del Perú, que evaluó las propuestas de las organizaciones políticas frente a esta actividad ilícita, considerada una de las economías ilegales más grandes del Perú.
El estudio advierte que otras 13 organizaciones incluyen menciones generales o declarativas sobre el tema, mientras que 11 partidos no presentan ninguna propuesta relacionada con la minería ilegal o informal.
El análisis evidencia una brecha significativa entre la magnitud del problema y la atención que recibe en los planes de gobierno. Si bien 12 de los 36 partidos políticos evaluados plantean medidas concretas para enfrentar la minería ilegal, el informe advierte que estas propuestas aún resultan insuficientes para abordar de manera integral un fenómeno que se ha expandido en diversas regiones del país durante la última década, generando impactos ambientales severos, conflictos sociales y pérdidas económicas para el Estado.
En contraste, la mayoría de organizaciones políticas se limita a menciones generales sobre formalización minera o lucha contra actividades ilícitas, sin detallar estrategias claras de implementación ni mecanismos de articulación entre las distintas entidades del Estado.
Para los autores del estudio, la limitada presencia del tema en los planes de gobierno refleja la necesidad de que la minería ilegal sea incorporada con mayor profundidad en el debate electoral.
Este fenómeno no solo representa un problema ambiental, sino también un desafío en términos de seguridad, gobernanza y desarrollo territorial, especialmente en regiones donde la actividad ha crecido de manera acelerada.
El informe señala que el actual proceso electoral representa una oportunidad para que los partidos políticos presenten estrategias más integrales que combinen acciones de control, formalización y desarrollo económico alternativo en las zonas afectadas por esta actividad.
