La minería ilegal está ocupando espacios donde anteriormente se rechazó el desarrollo de proyectos formales, lo que evidencia fallas estructurales en la toma de decisiones y una débil presencia del Estado, advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante su participación en el reciente Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“En zonas donde se planteó la dicotomía de ‘agua sí, minería no’, hoy no hay preservación, sino minería ilegal”, sostuvo Gallardo, advirtiendo que esto refleja problemas estructurales en la toma de decisiones y en la presencia del Estado.
Durante su ponencia en el Jueves Minero, el especialista señaló que uno de los principales riesgos identificados es el avance de la minería ilegal, que no solo ocupa áreas restringidas, pese a que sus ubicaciones están plenamente identificadas en registros oficiales, sino que también afecta operaciones formales y retrasa proyectos en desarrollo.
Gallardo precisó que esta actividad ilícita se extiende incluso en zonas donde no debería existir ninguna operación extractiva, es decir, áreas restringidas para la minería, áreas naturales, zonas de amortiguamiento, reservas indígenas o zonas arqueológicas.
“Hay un montón de puntitos en Tambopata. Esas son las coordenadas que reporta el propio Reinfo. Es como si el delincuente te dijera ‘yo vivo aquí’ y no lo fueras a buscar. No estamos hablando de minería en proceso de formalización, sino de actividades que no deberían realizarse”, enfatizó.
Asimismo, detalló que la minería ilegal también rodea y enfrenta directamente a operaciones formales, como en el caso de Poderosa y Horizonte en Pataz, y genera conflictos en proyectos en desarrollo como Los Chancas, Jaquira y Michiquillay. “Les queman los campamentos y retrasan su avance durante años, con altos costos”, afirmó.
En conjunto, estas interferencias afectan proyectos valorizados en alrededor de US$ 12 mil millones, incluyendo iniciativas como Conga.
