El reciente crecimiento de la inversión privada en el Perú confirma una señal alentadora para la economía, pero su sostenibilidad dependerá de condiciones institucionales claras y estables, advirtió Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“El crecimiento económico y la sostenibilidad no son objetivos excluyentes. Pero sin estabilidad jurídica, coherencia regulatoria y una lucha firme contra la ilegalidad, el actual impulso de la inversión minera podría perder dinamismo”, enfatizó.
De acuerdo con el último reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada creció 10% en 2025, impulsada principalmente por la inversión no residencial (13%). Para el ingeniero, este desempeño refleja confianza en el potencial geológico del país, su estabilidad macroeconómica y la capacidad del sector formal para ejecutar proyectos de gran escala bajo estándares técnicos y ambientales exigentes.
Sin embargo, subrayó que este nuevo ciclo de inversión no está garantizado. “La predictibilidad normativa y una institucionalidad sólida son condiciones indispensables para que los proyectos se mantengan en el tiempo y sigan atrayendo capital”, señaló en su última columna del Semáforo Minero.
La minería formal —remarcó— no solo es intensiva en capital y tecnología, sino que genera empleo formal, dinamiza cadenas de proveedores regionales y contribuye de manera decisiva a la recaudación fiscal que financia infraestructura y servicios públicos. En ese sentido, su fortalecimiento tiene un impacto directo en el desarrollo territorial y en la competitividad del país.
Ortiz advirtió que este escenario positivo contrasta con el avance de la minería ilegal, que opera al margen de la normativa, evade impuestos y genera pasivos ambientales que finalmente debe asumir el Estado. Según información oficial, entre 2023 y 2025 el Perú habría perdido alrededor de S/ 7.500 millones como consecuencia de esta actividad.
Asimismo, alertó sobre los impactos ambientales y sociales vinculados a la expansión de operaciones ilegales en diversos territorios, incluidos ecosistemas frágiles y comunidades locales, lo que erosiona la legitimidad de la actividad minera en su conjunto.
Frente a este panorama, el vicepresidente del IIMP consideró que las acciones de interdicción deben formar parte de una estrategia sostenida que combine control de insumos, inteligencia financiera y procesos de formalización con reglas claras y exigencias técnicas reales.
Para Ortiz, el Perú enfrenta una oportunidad estratégica en un contexto global que demanda cada vez más minerales críticos. Consolidar ese potencial —concluyó— exige reglas previsibles y un Estado capaz de garantizar el cumplimiento de la ley.
