Mientras que las cifras de conflictividad social activa parecen haber mutado, la realidad en el territorio sugiere un escenario más complejo. Según Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y actual directora de Videnza Instituto, la reducción de la protesta social visible no es necesariamente un indicador de paz social, sino una señal de alerta sobre quién controla hoy el territorio.
Durante su participación en el primer Jueves Minero del 2026, Bustamante recordó su gestión como Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur en 2019, cuando la conflictividad en el Corredor Minero del Sur (Cusco-Apurímac) dominaba la agenda pública. Sin embargo, precisó que esa dinámica ha cambiado drásticamente.
“Hoy esa demanda que existe es cada vez menor porque ha sido ocupada por la minería ilegal”, afirmó Bustamante en el auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Para la experta, el vacío dejado por el Estado y la falta de resolución de demandas sociales han permitido que la minería ilegal se asiente en zonas estratégicas, silenciando la protesta tradicional para imponer un régimen de impunidad que no responde a mecanismos de diálogo, sino al control territorial.
Con un proceso electoral a dos meses de distancia, Bustamante subrayó que la cartera de 65 proyectos por US$ 63 mil millones y el crecimiento proyectado por encima del 5% están en riesgo si no se garantiza la continuidad del régimen minero después del 28 de julio, fecha en la que asume el próximo Gobierno.
La directora de Videnza hizo un llamado a los ciudadanos y al sector a “informarse y participar” en la discusión de los planes de gobierno, exigiendo que los candidatos presidenciales y legislativos definan una postura clara frente a la tramitología (que hoy alcanza los 40 años desde exploración a producción) y, sobre todo, frente al avance de la minería ilegal que amenaza con desestabilizar el sector formal.
