El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, alertó que los plazos y la fragmentación institucional en los procesos de evaluación de proyectos mineros están restando competitividad al país frente a otras jurisdicciones que ya implementan sistemas más ágiles y coordinados. Así lo señaló durante su intervención como panelista en el reciente Jueves Minero.
Ortiz subrayó que el Perú continúa enfrentando trámites excesivamente largos, que se agravan por procesos secuenciales entre entidades que no comparten información y que, además, generan retrocesos innecesarios.
“Actualmente, un estudio de impacto ambiental, desde que se presenta hasta que se aprueba, puede tomar tranquilamente tres años”, advirtió Juan Carlos Ortiz. A ello, se suman etapas posteriores que pueden extender la espera hasta cuatro años antes de saber siquiera si corresponde o no realizar una consulta previa.
Durante su intervención, Ortiz describió cómo países mineros de referencia están reformando sus marcos regulatorios para agilizar proyectos estratégicos. Mencionó, por ejemplo, la norma FAST-41 en Estados Unidos, que obliga a las agencias federales a coordinar agendas y dotar de recursos suficientes para no retrasar las evaluaciones. Además, destacó que Canadá ha cambiado su enfoque hacia “cómo se hace” un proyecto de manera segura, en lugar de discutir si “va o no va”.
También citó el caso de Chile, que revisa sus plazos, y Argentina, que impulsa convenios de largo plazo para garantizar estabilidad tributaria y macroeconómica.
Para Ortiz, si el país no moderniza su sistema de permisos en un contexto global tan competitivo, seguirá perdiendo oportunidades. “Lo que queremos nosotros es proponer un debate que permita traer más competitividad al Perú como destino de inversiones mineras”, remarcó.
Ortiz explicó que una de las principales reformas en marcha es el impulso del gobierno junto al Banco Mundial para implementar una Ventanilla Única Digital (VUD) que permita evaluaciones simultáneas y el uso de bases de datos compartidas entre las entidades involucradas.
“Actualmente un expediente va a diferentes instituciones que no comparten la misma base de datos”, indicó. En cambio, el nuevo modelo busca que todas las autoridades revisen la información en línea, con trazabilidad y transparencia. El representante del IIMP sostuvo que la minería peruana necesita este tipo de herramientas no solo para reducir la incertidumbre, sino para competir en mejores condiciones con otras jurisdicciones que ya han avanzado en la simplificación administrativa.
