Los permisos, desafíos técnicos como la gestión del agua y energía, así como las preocupaciones ambientales, constituyen los principales motivos del retraso de la puesta en marcha de proyectos mineros en el Perú, advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante su exposición en el Foro TIS de PERUMIN 37.
Según el informe “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú” elaborado por el IPE, a pedido del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), los descubrimientos son cada vez a mayor profundidad, y ello significa más desafíos técnicos y, en muchos casos, mayores costos.
De acuerdo al estudio, el costo promedio de los descubrimientos mineros se ha triplicado en las últimas dos décadas, a pesar de destinar más recursos a la exploración, la cantidad de descubrimientos se ha reducido drásticamente y la proporción de descubrimientos que se convierten en operaciones mineras activas es más baja y demora un mayor tiempo.
El gerente general del IPE, Carlos Gallardo, dijo que este retraso se atribuye a problemas con permisos (39%), desafíos técnicos (36%), problemas comerciales (26%), preocupaciones ambientales (24%), oposiciones de actores involucrados (17%), COVID-19 (15%), retrasos de ingresos (6%), salud y seguridad (6%) y clima extremo (5%).
El 60% del tiempo de desarrollo minero corresponde a la exploración y estudios de factibilidad. Hoy en día apenas el 3% de los proyectos mineros entran en operación tras 15 años desde su descubrimiento.
“En la década de los 90 el inicio de operaciones de un proyecto minero en el país demoraba cerca de 20 años, sin embargo, desde el año 2000, ese tiempo se duplicó”, sostuvo en su ponencia durante el Foro TIS.
El IPE recomienda simplificar la tramitología optimizando los tiempos de emisión de opiniones técnicas del ANA y SENACE. Además de mejorar las relaciones con las comunidades fortaleciendo las capacidades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para llevar a cabo un proceso único de consulta previa, implementación del catastro nacional integrado y la ejecución de canon minero alineado al cierre de brechas.
Gallardo instó a trabajar en un enfoque integral para combatir la minería ilegal reforzando la presencia del Estado y garantizar la restitución de concesiones invadidas.
Actualmente, cuatro proyectos mineros están en la cartera del Minem: San Gabriel, Tía María, Pampa de Pongo y Zafranal, los cuales alcanzarían 45 años de espera si no se ejecutan hasta el 2029.
“Si tomamos en cuenta los otros 10 proyectos que no tienen fecha de inicio o serían posterior al 2029, este promedio de espera de 45 años podría subir de 50 a 55 años. Los proyectos están demorando cada vez más en cumplir esta fase desde la exploración hasta la puesta en marcha”, culminó.
