Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reconoció que hay avances en el esfuerzo del Estado por agilizar los trámites para ejecutar inversiones en el sector minero; sin embargo, aún no hay un cambio que modernice el esquema convencional.
“Notamos un cambio al menos en la velocidad de lo que está avanzando, dentro del marco de lo que se hace hoy día, es decir, ningún cambio revolucionario, sino un poquito más rápido dentro del esquema que tenemos”, indicó en entrevista con RPP.
Agregó también que, lamentablemente, estas acciones concretas por parte del sector público han esperado a tomarse cuando ya hay un impacto en el retraso de inversiones e incluso en operaciones mineras que no están trabajando a full capacidad porque no tienen los permisos para poder mantener su ritmo de producción vigente.
Ortiz resaltó que la propuesta del IIMP y la industria minera del país es que se optimicen los procesos, se reduzca la cantidad de trámites e incorporen tecnología que facilite cumplir con los criterios establecidos.
“Lo que nosotros proponemos desde el Instituto, y el sector creo que no deja de tener la misma visión, es buscar cómo optimizar los procesos. El cambiar 17 pasos tal vez por 8 pasos y que los pasos sean más breves usando tecnología, digamos enviar documentos electrónicamente, hacer consultas por videoconferencia, y todas las herramientas que tengamos a la mano que sean debidamente válidas para el proceso de evaluación”, detalló.
Hizo énfasis en que la finalidad es cumplir con altos estándares de cuidado del ambiente, pero que los procesos sean revisados en determinados plazos de hizo referencia a cómo se maneja en otro países.
“Estamos hablando de países modernos con cuidados muy estrictos sobre el medio ambiente, así que ahí hay un buen benchmark”, refirió Ortiz.
Por ejemplo, respecto a las exploraciones, consideró que podemos tomar como referencia el plazo de 90 días que se tiene en Canadá o de 120-150 días que se aplica en otros lugares, como España.
Y en cuanto a las operaciones, puso como referencia también a Canadá, donde usualmente la evaluación técnica demora un año y medio o dos años, siendo muy rigurosa, estricta y eficiente. Citó también a Chile, donde dijo que cada vez que corren los plazos corre un calendario y hay transparencia de los tiempos. “Ya se hace en el mundo, no veo por qué no debemos aspirar a ello, creo que es algo que está a la mano”, afirmó.