Con el objetivo de abordar los retos, oportunidades y marcos normativos de los sistemas de concesiones mineras, así como los avances en trazabilidad de minerales críticos, la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), ambas de Chile, y la Asociación Nacional de Plantas de Beneficio del Perú (ANPLABEN) realizaron el Seminario Binacional Chile- Perú en Santiago.
José Farfán de ANPLABEN, señaló que la pequeña minería está desbordada en Sudamérica, y el Perú no es ajeno. Además, la actividad congrega varios problemas que van desde la obtención de insumos y la inexistencia de un reglamento de comercialización de oro.
Remarcó que urge determinar el universo real de pequeños mineros, reglamentar la comercialización del oro y otros minerales y solucionar el problema de la titularidad de la concesión minera.
En otro momento, instó a replicar en nuestro país la experiencia exitosa de ENAMI, en especial lo relacionado al fomento.
“Hay una reticencia al sistema de concesiones mineras por parte de gremios de pequeña minería originado por la inaccesibilidad al sistema concesional, lo que incluye defensa de prioridad de derechos ancestrales o de comunidades campesinas y/o originarias. Esto origina enfrentamientos a veces con la gran minería”, explicó.
Recomendó, por lo tanto, una verificación efectiva del número de concesiones mineras superpuestas por personas naturales y jurídicas provenientes del registro administrativo de formalización minera. Asimismo, abrir la posibilidad de que el gobierno nacional establezca un fondo especial para la compra de concesiones mineras y establezca medidas alternativas respecto a contratos de explotación con pequeños mineros.
Rubén Camargo, gerente general de Solandra, sostuvo que la trazabilidad operativa debe garantizar la procedencia legal y responsable del mineral aurífero; controlar el flujo físico y permitir la trazabilidad interna en la planta, entre otros.
Algunos de los principales retos suponen escalar la trazabilidad al ritmo del crecimiento de la planta, manteniendo transparencia y control aun cuando aumentan los volúmenes, los proveedores y las exigencias regulatorias. Debemos crecer sin perder precisión ni capacidad de demostrar, con claridad, el origen y la ruta completa del mineral, añadió.
“Cuando la planta crece, aumentan los movimientos y la complejidad. Sin controles sólidos, los registros manuales se quedan cortos, la información se dispersa y la coordinación entre áreas se vuelve más difícil, generando confusiones. A la vez, crecen las exigencias del Estado y cualquier inconsistencia en la trazabilidad puede ser malinterpretada, afectando la confianza y la reputación construida con tanto esfuerzo”, indicó.
Camargo manifestó que sus soluciones se enfocan en modernizar la trazabilidad, estandarizar procesos y unificar la información entre áreas para garantizar transparencia. “Fortalecemos la cadena de custodia con tecnología y equipo capacitado, realizamos auditorías constantes y trabajamos junto a los productores locales para asegurar formalidad y demostrar que en nuestra comunidad sí es posible una minería responsable”, puntualizó.
Legislación minera
Ángel Chávez, consejero en minería de Payet, Rey, Cauvi y Pérez Abogados, realizó una explicación de la evolución normativa ambiental minera y detalló el marco normativo. Explicó a los especialistas chilenos que la concesión minera en el Perú es un bien inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra ubicada. No se recoge la teoría de la accesión.
“Está integrada por sus partes integrantes y accesorias, que pueden estar dentro y/o fuera del perímetro de la concesión. El inciso 3) del artículo 885 del Código Civil le reconoce la calidad de inmueble. Otorga a su titular un derecho real particular, establecido por la legislación minera”, precisó.
Chávez agregó que al otorgarse el título de una concesión minera no se concesiona ningún territorio (predio, terrenos, tierra o cualquier otra denominación).
En otro momento, revisó cuáles son los motivos de extinción de concesiones mineras. De acuerdo, al artículo 58 de la Ley General de Minería son caducidad, abandono, nulidad, renuncia y cancelación.
Frente a ello, el destino de las concesiones declaradas extintas sostuvo que las áreas que correspondan a concesiones y petitorios mineros caídos en causal de extinción no podrán ser peticionados, total ni parcialmente, por el anterior concesionario ni por sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, hasta dos años después de publicarse como denunciables.
“En el caso de los derechos mineros declarados caducos por falta de pago del derecho de vigencia o penalidad, la publicación de libre denunciabilidad se efectuará en la última semana del mes siguiente de publicada la resolución de caducidad. Las áreas declaradas de libre denunciabilidad podrán peticionarse a partir del primer día hábil, luego del vencimiento del mes inmediatamente posterior a la publicación”, finalizó.
