La normativa de cierre de minas en Perú ha avanzado en aspectos técnico-ambientales, pero aún presenta brechas en dimensiones sociales, financieras y de gobernanza territorial: insuficiente integración de la dimensión social en el proceso de cierre, limitaciones en la planificación financiera de largo plazo y participación comunitaria que no siempre previene conflictos.
En el Congreso de Cierre de Minas, organizado por el DEEV, la gerente general de Minerva Crime & Compliance, Betsabeth Obando, afirmó que el cierre no debe entenderse como una fase final aislada, sino como un proceso integral que comienza desde el inicio de la operación; por lo tanto, es fundamental contar con una gobernanza robusta a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
La importancia de la gobernanza se ilustra con el caso de la mina San José en Chile, ampliamente conocido a nivel mundial por el rescate de los 33 mineros en 2010, que, aunque hubo respuesta coordinada y eficaz durante la emergencia, también evidenció una falta de gobernanza previa al accidente: debilidades en la supervisión, en la estructura financiera y en los sistemas de control.
En contraste, existen ejemplos positivos de planificación, como el caso de la mina El Teniente, cuya gobernanza sólida, visión de largo plazo y adecuada planificación del cierre ha permitido su transición hacia una minería subterránea moderna y sostenible, proyectando su vida útil por varias décadas con altos estándares.
Según identificó Obando, un aspecto especialmente relevante en la planificación del cierre es la relación con las comunidades, pues la continuidad territorial implica generar oportunidades económicas sostenibles más allá de la vida útil de la mina, mediante la reconversión de actividades y el fortalecimiento del tejido social.
Sin embargo, no todo es perfecto. Persisten desafíos importantes para un el correcto cierre de la mina: en materia de gobernanza, muchas veces la normativa establece obligaciones, pero no asegura su implementación efectiva; en el ámbito financiero, las garantías suelen calcularse sin considerar escenarios de estrés económico; y en el orbe institucional, hay superposición de competencias entre organismos que genera ineficiencias.
“Esto es especialmente relevante considerando que el cierre es una de las fases de mayor sensibilidad social, debido a la dependencia económica de muchas comunidades respecto de la actividad minera. Si no existe una planificación adecuada, pueden surgir conflictos, judicialización y tensiones sociales”, analizó Obando.
