El presidente de la República, José María Balcázar Zelada junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, viajaron a la región Puno para anunciar la modernización del Aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, uno de los primeros terminales aéreos que será modernizado en el marco de la Adenda N.° 5 para cinco aeropuertos del sur del país.
Durante la jornada, las autoridades destacaron que esta adenda representa un paso decisivo para fortalecer la infraestructura aeroportuaria del país, al incorporar inversiones por más de US$ 470 millones que se ejecutarán entre los años 2026 y 2028 en los aeropuertos de Juliaca, Arequipa, Tacna, Puerto Maldonado y Ayacucho.
Como parte de este proceso, el aeropuerto de Juliaca será objeto de una intervención integral con una inversión de más de US$ 250 millones que incluye la rehabilitación de pavimentos del lado aire, según indicó el titular del Ministerio de Transportes, Aldo Prieto Barrera. Esta intervención contempla la reconstrucción de la pista de aterrizaje, calles de rodaje y plataforma de aeronaves, garantizando condiciones óptimas de seguridad operacional y continuidad de las operaciones.
Asimismo, se ejecutará la optimización del terminal de pasajeros, con una inversión de US$ 32.65 millones, que permitirá ampliar y modernizar la infraestructura existente, mejorar la experiencia de los usuarios, fortalecer los sistemas de seguridad e incorporar un Centro de Operaciones de Emergencia.
De manera complementaria, se implementará un nuevo cerco perimétrico, valorizado en US$ 24.21 millones, equipado con sistemas de iluminación y videovigilancia, en cumplimiento de los estándares del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil.
Estas intervenciones permitirán mejorar significativamente la capacidad operativa, la seguridad aeroportuaria y la calidad del servicio, en un contexto en el que los aeropuertos del sur del país atienden a más de 4.2 millones de pasajeros al año.
En la actividad, el MTC destacó que la Adenda N.° 5 no modifica el mecanismo de financiamiento contractual vigente y, además, incorpora una cláusula anticorrupción como causal de caducidad, fortaleciendo la transparencia e integridad en la ejecución de las inversiones.
