El Perú posee todo el potencial para convertirse en el protagonista de la transición energética, sin embargo, continúa frenado por la falta de institucionalidad, afirmó Jorge Soto Yen, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, durante su exposición en la conferencia “Perú: una mirada al 2035” en el marco de los 82° aniversario del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“En la práctica no existe una política minera de Estado explícita, que fije objetivos de mediano y largo plazo y defina lineamientos y estrategias estatales para alcanzar esos objetivos”, alertó. A ello se suma el acelerado recambio de autoridades: “En los últimos 25 años hemos tenido 10 presidentes, 26 ministros de minas y 18 viceministros de Minas”. Estas cifras, según explicó, no son solo estadísticas, sino señales de una institucionalidad frágil que afecta la competitividad del sector.
Entre los desafíos centrales para la próxima década, Soto propuso actualizar e implementar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, y hacer seguimiento a sus metas para que se convierta en una verdadera hoja de ruta de Estado.
“Ese plan ha establecido parámetros, pero no lo estamos aprovechando. Hago un llamado a las instituciones a hacer un seguimiento de lo que está dispuesto en este importante Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, sostuvo.
Con información del INEI, el BCRP y el MINEM, Soto estimó que la inversión minera podría incrementarse en la próxima década, impulsada por la demanda internacional y un ciclo favorable de precios: “En el 2035 podríamos estar entre US$ 7 mil millones de inversiones mineras”, adelantó. En materia de producción, resaltó que la proyección para el 2035 es alcanzar 4.5 millones de toneladas métricas de cobre, cifra que consolidaría el liderazgo del Perú en la región junto a Chile.
Sin embargo, el avance no será posible si no se agilizan los permisos y trámites. Soto advirtió que la aprobación de proyectos puede tomar entre seis y diez años.
El expositor también subrayó que la minería tiene una responsabilidad social creciente: genera 270 mil empleos directos, cerca de 2 millones de empleos directos e indirectos, y está incorporando cada vez más talento femenino.
Al cierre de su intervención, Soto reflexionó sobre la necesidad de seguir trabajando por fortalecer las instituciones. “Necesitamos contribuir mucho en la institucionalidad, yo creo que eso es fundamental para lograr objetivos primordiales”.
