El canon minero continúa siendo una oportunidad para el desarrollo local, sin embargo, entre 2023 y 2024, más de S/ 8,800 millones —equivalentes a la mitad del presupuesto nacional destinado a seguridad ciudadana— quedaron sin ejecutar, principalmente en gobiernos locales que carecen de capacidad técnica y gestión. Así lo advirtió Paola Del Carpio, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo, durante su participación en el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“Tenemos municipios con millones en sus cuentas y sin personal técnico para transformarlos en obras. No es un problema de falta de recursos, sino de capacidad para convertirlos en bienestar”, señaló Del Carpio.
De acuerdo con los datos presentados, en los últimos 24 años se han redistribuido más de S/ 72 mil millones por canon minero, de los cuales el 78% se destina a gobiernos locales. Sin embargo, muchos de ellos son distritos pequeños con pocos habitantes y equipos de gestión reducidos, lo que impide una adecuada ejecución de los fondos.
El caso del distrito de San Marcos, en Áncash, es un ejemplo claro: es el distrito con mayor recepción de canon y regalías mineras, pero solo ha ejecutado el 43% de su presupuesto y necesitaría multiplicar por cinco su ritmo actual para gastar los S/ 522 millones que mantiene pendientes. “Hay distritos que reciben más de 40 mil soles per cápita por año, pero no tienen la capacidad de utilizarlos”, señaló Del Carpio.
Para la especialista, estos desequilibrios reflejan las limitaciones del actual modelo de descentralización, basado exclusivamente en criterios territoriales y no en la capacidad de gestión o las brechas de desarrollo. “Urge repensar la descentralización. Debe ser un medio para servir mejor al ciudadano, no un fin en sí mismo”, subrayó.
Del Carpio recordó que la alta rotación de funcionarios —con gerentes municipales que duran apenas 11 meses en el cargo— y los bajos salarios en distritos pequeños agravan el problema.
Del Carpio panteó promover una revisión gradual de los criterios de reparto del canon, incorporando variables de capacidad institucional y necesidades sociales. “Políticamente es muy difícil cambiar ahora la fórmula de repartición del canon, pero idealmente deberíamos apuntar en mediano o largo plazo a unas medidas de reparto que tengan mejores criterios”, concluyó.
