La minería ilegal continúa impactando gravemente en la economía del país. Entre 2023 y 2025, la exportación ilícita de minerales como oro y cobre ha alcanzado niveles similares a la comercialización formal, ocasionando una pérdida superior a S/ 7,500 millones en impuestos no recaudados, advirtió Rolando Cevasco, socio director de CMS Grau, durante su ponencia “Contingencias tributarias en exportaciones” en el Foro TIS de PERUMIN 37.
El especialista precisó, además, que el Estado deja de percibir cerca de S/ 2,000 millones adicionales por evasión tributaria asociada a estas operaciones ilegales.
Cevasco subrayó que la lucha contra la minería ilegal debe asumirse de manera integral y con un enfoque articulado.
“Se tiene que involucrar a todos los sectores que están alrededor de la minería. No solamente es la empresa minera: son los que venden insumos químicos, maquinaria, explosivos. Todos tienen que estar involucrados, porque si no se les vende insumos ni explosivos al minero ilegal, no va a poder explotar”, afirmó.
Cevasco señaló además que el control regulatorio debe complementarse con sanciones penales dirigidas a quienes faciliten la operación ilegal.
“El combate frontal es que lo tienes que acorralar y dejarlo sin insumos ni productos ni maquinaria para que no pueda hacer su labor (…) Se debe controlar a todos los agentes involucrados en la minería y castigar a aquel que le venda al informal, hay que penalizar al que le venda al informal”, remarcó.
Según los estudios realizados, la mayor concentración de evasión tributaria se ubica en regiones con fuerte presencia minera como Puno, Arequipa, Madre de Dios, La Libertad, Apurímac y Ayacucho, donde el perjuicio fiscal oscila entre S/ 160 millones y S/ 460 millones.
El impacto de esta pérdida fiscal no es menor: “El nivel de evasión tributaria es tan alto que, con los impuestos que se están dejando de recaudar, se podrían financiar hospitales, carreteras, colegios y otros proyectos de alto impacto social”.
El especialista culminó diciendo que urge implementar un marco de fiscalización integral que blinde la cadena de valor minera formal y cierre los espacios de operación a la minería ilegal.
