El futuro minero del Perú exige una posición firme contra la ilegalidad, señala Juan Carlos Ortiz

El futuro de la industria minera del país necesita y exige una posición firme contra la ilegalidad por parte de las autoridades, sostuvo Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Ortiz apuntó que la minería ilegal no es un fenómeno marginal sino más bien una amenaza directa al desarrollo sostenible del Perú. Comentó que anuncios recientes hechos por compañías mineras globales para adquirir nuevos proyectos en el país confirman que el Perú sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera y que los capitales privados mantienen confianza en nuestro potencial geológico.

“Anuncios positivos como este necesitan materializarse, pero para ello es necesario erradicar un cáncer que ha avanzado en las últimas décadas a gran velocidad: la minería ilegal. Un panorama oscuro que está siendo combatido por acciones como las desplegadas por las autoridades”, aseveró en su columna del Semáforo Minero. 

El ingeniero de minas agregó que combatir esta problemática no solo busca proteger el medio ambiente, sino también recuperar la soberanía del Estado en lugares donde hoy el crimen parece estar fuera de control y su impacto es devastador.

Indicó que ese tipo de anuncios llegan en un momento clave ya que el país necesita intensificar la exploración minera para descubrir nuevos yacimientos que aseguren la continuidad de la industria, fuente esencial de ingresos fiscales y desarrollo regional. Además, teniendo en cuenta que el Perú está llamado a cumplir un rol estratégico en la transición energética global, gracias a su capacidad de producir minerales críticos como el cobre.

“Si queremos consolidarnos como socios confiables en el mercado global de minerales, necesitamos una política integral, sostenida y contundente contra este flagelo. Solo así podremos asegurar que la minería formal y responsable siga siendo motor de crecimiento, bienestar y futuro para todos los peruanos”, enfatizó.

Estas acciones por parte de las autoridades contribuyen a la lucha contra la ilegalidad que está destruyendo bosques, contaminando aguas con mercurio y alimentando el crimen organizado que van mucho más allá de la extracción de oro. 

Manifestó que es necesario observar transversalmente este problema ya que no deja de ser preocupante que estas mafias de extracción ilegal sean vistas como un poder económico paralelo que brinda ingresos a la población aledaña.

“Logrando así el blindaje y complicidad en torno a esta actividad ilícita desafiando la autoridad del Estado en esas partes del país, ignorando que se trata de un negocio que no paga impuestos, que degrada el ambiente y genera inseguridad en las familias y las comunidades, además de quitarle recursos clave al país”, dijo.

Según cifras oficiales del Gobierno, entre 2023 y 2025 se dejaron de recaudar más de S/ 7,500 millones de impuestos no pagados por la minería ilegal, dinero que hubiese sido empleado en la construcción de colegios, centros de salud, comisarías, carreteras, etc.