El constitucionalista y socio del Estudio Hernández & Cía, Samuel Abad, sostuvo que la disposición del Tribunal Constitucional (TC) emitida sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) representa una oportunidad para que el Estado diseñe un proceso de formalización más eficaz, sin regímenes de impunidad y con mayor impacto en la protección ambiental. Sus reflexiones fueron compartidas en el reciente Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
En su exposición, Abad recordó que el propio TC ha reconocido los impactos negativos de la minería no formalizada. “Tanto la actividad ilegal como la informal han sido causantes de graves efectos perjudiciales para el medio ambiente”, citó.
El especialista destacó que, pese a declarar improcedente la demanda que en su momento presentó el Colegio de Abogados de Loreto, el TC estableció lineamientos de obligatorio cumplimiento para el Estado. Entre ellos, prohibió que futuras normas otorguen inmunidad penal, civil o administrativa a los inscritos en el Reinfo y exhortó al Congreso y al Ejecutivo a diseñar un nuevo sistema de formalización.
Sin embargo, Abad apuntó dos imprecisiones que, bajo su criterio, pudieron ser abordadas de mejor manera por el TC. “Si uno lee literalmente lo que dice el TC no encuentra una prohibición para nuevas prórrogas [del Reinfo]. Además, habla de un sistema permanente orientado a la formalización. Y esto no es coherente”, señaló el especialista.
“La formalización no puede ser permanente; el proceso tiene que ser excepcional y transitorio, de lo contrario, podría extenderse por 20, 30 o 40 años”, advirtió Abad, quien también alertó sobre los resultados insuficientes alcanzados hasta la fecha. “El propio Tribunal Constitucional reconoció que de 88 mil inscritos, solo 23 mil seguían vigentes y apenas 2,3% se habían formalizado. Es decir, este proceso no ha funcionado”, puntualizó.
El jurista cuestionó que el actual esquema otorgue un “blindaje” a quienes figuran en el Reinfo. “Este registro permite que algunos operen sin apego a la legalidad y exonerados de sanción, cuando en realidad la minería informal y la ilegal generan daños graves a la salud, al medio ambiente, a los pueblos indígenas y a los defensores ambientales”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que la disposición del TC abre la posibilidad de corregir el rumbo y establecer un marco normativo transitorio, con plazos claros y resultados verificables, que asegure un proceso de formalización auténtico, acompañado de mayor fiscalización y políticas de desarrollo sostenible en los territorios impactados.
“El TC exhortó a los poderes del estado a adoptar con urgencia medidas normativas y administrativas para que se formalice impostergablemente la pequeña minería y la minería artesanal”, puntualizó Abad.
