La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que es necesario que el Gobierno establezca medidas para garantizar del Estado de Derecho y restablezca el principio de autoridad y orden en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, y cuestionó que se obligue a paralizar las actividades productivas de las empresas mineras formales que trabajan en esa zona del país.
“Expresamos nuestra preocupación sobre la decisión de la administración gubernamental de ordenar la paralización de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, incluyendo en dicha medida a las empresas mineras formales que sí cumplen con todo el marco legal vigente y que sufren los embates del avance descontrolado de la minería ilegal en el territorio nacional”, expresó.
Esta decisión, proyecta la SNMPE, ocasionará un grave impacto económico y social para la región La Libertad y el país, y además “refleja el escaso conocimiento que tiene el Gobierno en torno a las complejidades para el desarrollo de las actividades mineras y los riesgos ambientales, operativos y sociales que implica detener las operaciones por 30 días”.
“Si el objetivo es facilitar el despliegue de las fuerzas del orden en Pataz, la suspensión de las actividades formales resulta innecesaria, debido a que existe una clara diferenciación entre una bocamina legal con una ilegal, pues las bocaminas ilegales están georeferenciadas, lo que puede permitir una actuación oportuna y precisa de la autoridad policial. Las empresas mineras formales se han mostrado siempre prestas a trabajar en conjunto con el Gobierno para hacer frente a la minería ilegal. Es llamativo que la única alternativa posible incluya parar la operación formal”, afirmó la entidad gremial.
El gremio minero energético advirtió que la suspensión de las actividades productivas formales facilitará que los mineros ilegales y sus socios, las organizaciones criminales, tomen el control de las galerías de las empresas formales que operan en la provincia.
En ese contexto, alertó que la decisión de suspender por 30 días las actividades mineras provocará impactos operativos negativos para las compañías mineras, dado que se podría dañar la infraestructura básica de la cadena productiva, si es que no se permite la realización de las tareas de cuidado y mantenimiento, así como contar con personal a cargo de ese trabajo.
“Una unidad de producción minera no puede detenerse, operativamente hablando, de golpe. Esto implica un riesgo, por ejemplo, de colapso de la presa de relaves, que debe monitorearse las 24 horas. Esto sin contar riesgos de infraestructura, como posibles inundaciones o acumulación de gases, si no está el personal que monitorea y controla estos sistemas de bombeo”, explicó la SNMPE.
Otro efecto de la cuestionable medida es que se pone en riesgo más de 4 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Paralizar actividades mineras formales implicaría invocar suspensión perfecta de labores, dejando sin pago a los trabajadores y se provocará la ruptura de la cadena de pagos, afectando a contratistas, pequeños negocios y a las propias comunidades vecinas.
La Libertad aporta el 33% de la producción de oro nacional y la decisión expresada por el Consejo de Ministros ocasionará pérdidas a las mineras formales y las comunidades que les prestan servicios, que el día de hoy ya son víctimas de la minería ilegal.
En cuanto a las pérdidas de recursos que genera la minería formal por concepto de canon y regalías para la región La Libertad, se estima que sufrirá una reducción de S/ 25 millones mensuales; y en lo que respecta a las exportaciones del Perú, se dejaría de percibir divisas por más de US$ 80 millones al mes.
La SNMPE sostuvo que el Congreso de la República no está exento de responsabilidad en el desborde la minería ilegal en el país, porque la aprobación de las continuas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha servido para encubrir las ilícitas actividades de los mineros ilegales.
