La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su condena ante los dos violentos ataques que sufrió en las últimas horas Compañía Minera Poderosa, por parte de mineros ilegales, que asesinaron a tres mineros artesanales; y dejaron heridas a más de 12 personas, en la provincia de Pataz, región La Libertad.
La SNMPE formuló un llamado urgente al Gobierno para que ejecute a la brevedad las medidas que sean necesarias para restablecer el orden interno y la seguridad de todos los peruanos frente a la asonada violentista que se registra en distintas regiones del país.
“La criminalidad avanza ante el evidente fracaso de la declaratoria de emergencia en la provincia de Pataz, pues el viernes último, Compañía Minera Poderosa ha sido víctima de otros dos ataques por parte de mineros ilegales que, en alianza con organizaciones criminales, han destruido otra torre de alta tensión eléctrica que abastece de energía a la mina aurífera, la cual es sometida de manera permanente a incursiones armadas con el objetivo de tomar sus operaciones”, denunció el gremio minero energético.
Al respecto, refirió que, como resultado de estos ataques realizados casi simultáneamente -en los que se emplearon armas de fuego y explosivos-, han sido asesinados con crueldad tres mineros artesanales que trabajaban en la zona en el marco de un contrato con la empresa minera y se han reportado 12 heridos.
Estos ataques, se suman al registrado el último 3 de marzo, donde otro grupo de mineros ilegales emboscaron y asesinaron a otro minero artesanal con contrato y dejaron gravemente herido a un colaborador.
Tras expresar su solidaridad con las familias de las víctimas de esta asonada criminal, la SNMPE dijo que no se puede permitir que se siga asesinando con total impunidad a trabajadores mineros, pues ya son más de 20 colaboradores y contratistas de Poderosa que han perdido la vida.
“La minería ilegal y sus socios, las organizaciones criminales, están dañando gravemente la cadena productiva del sector minero, perjudicando a miles de trabajadores, empresas proveedoras y comunidades que dependen de la industria minera formal”, advirtió tras señalar que otras unidades mineras en el país son blanco de acciones de hostigamiento y que algunas concesiones mineras han sido invadidas por mineros ilegales.
En ese contexto, el gremio alertó que la situación actual en La Libertad, específicamente la provincia de Pataz está totalmente desbordada, a pesar de la presencia de efectivos de la Policía Nacional y del Ejército; incluso los mineros ilegales ya han logrado establecer “zonas liberadas” en la región para facilitar sus actividades ilícitas.
El gremio minero energético manifestó que el avance de la minería ilegal en todo el territorio nacional atenta contra la biodiversidad, el ambiente, los derechos humanos, la salud de los peruanos y la imagen del Perú como destino de inversión.
El gremio expresó que una de las principales tareas que tenemos como país es garantizar la seguridad de todos los peruanos y que el Gobierno debe cumplir con su rol de diseñar una nueva estrategia integral para enfrentar con firmeza a la minería ilegal. La población -enfatizó- tiene derecho a vivir y trabajar en paz.
