En horas de la madrugada del 28 de marzo, mineros ilegales, imitando prácticas terroristas de Sendero Luminoso, destruyeron con dinamita otra torre de alta tensión que alimenta la unidad Santa María, de la minera Poderosa, en La Libertad, dejando sin energía todas las instalaciones de superficie e interior mina.
“Simultáneamente, los criminales lanzaron una ola de incursiones armadas con el propósito de expandir su presencia en la zona y tomar nuevas labores”, explicó la minera en un comunicado. “Como resultado de los ataques, un trabajador de los mineros artesanales que mantienen contrato con la empresa perdió la vida”.
Además, la empresa tuvo que atender en la posta médica de Santa María a 50 trabajadores que fueron evacuados con síntomas de gaseamiento por efecto del ataque de los ilegales que se valen de la quema de llantas para apropiarse de las galerías.
Se trata del tercer atentado contra la empresa en menos de tres meses y la decimoséptima (17) torre de alta tensión destruida por los ilegales en los últimos tres años. A ello hay que sumar la lamentable pérdida de vidas de 18 colaboradores de Poderosa, víctimas de atentados armados.
Esta escalada de violencia se da a pesar de la vigencia del estado de emergencia y la presencia de más de 200 efectivos policiales y personal del ejército en Pataz. Poderosa señala que hay 25 zonas tomadas por mineros ilegales, los mismos que operan con total libertad e impunidad en la zona. “Hasta el momento la PNP no responde a nuestros reiterados pedidos para ingresar a las galerías a desalojar a estos grupos criminales”, dijo la empresa.
La inacción policial también se ve reflejada en la suspensión desde hace más de medio año del programa de interdicciones de bocaminas ilícitas (más de 450) y plantas ilegales (más de 40) en la zona, todas perfectamente identificadas y georreferenciadas, dijo la minera. A ello hay que agregar la permisividad en el control del transporte de mineral de origen ilegal extraído de las concesiones de Poderosa y trasladado hacia las plantas formales en la costa (más de 6 mil volquetes en el 2024).
“Es importante resaltar la enorme responsabilidad que en el manejo de este problema le corresponde al Congreso de la República que, en diciembre pasado, amplió nuevamente el REINFO, registro que los mineros ilegales utilizan para seguir operando con total impunidad”, dijo Poderosa. “En los últimos meses hemos visto la proliferación de propuestas legislativa que, lejos de contribuir a fortalecer la lucha contra la minería ilegal, la debilitan”.
La minería ilegal se ha convertido ya en la principal economía ilícita (US$6 mil millones generados en 2024) del país, superando con creces al narcotráfico.
