Según cifras del INEI, la actividad constructora se contrajo 8.1 % en noviembre del 2023 respecto al año previo, acumulando once meses consecutivos a la baja, y la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) ha estimado que en diciembre la actividad sectorial habrá caído nuevamente, esta vez a un ritmo de 6.6%, con lo que la disminución anual habría sido de 8.7%, siete décimas más a las proyectadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) en su Reporte de Inflación de diciembre.
Guido Valdivia, director ejecutivo de la entidad gremial, destacó la ejecución récord de la inversión pública en 2023 (S/48,370 millones y una eficiencia de 73.7% respecto del monto presupuestado), aunque también señaló la disminución de la inversión municipal (13.5% menos que en 2022) y las reducciones presupuestarias en programas clave del gobierno nacional. “En el caso de Provías (Nacional y Descentralizado), la disminución fue de 51.4%”, comentó Valdivia.
En su análisis, el director de Capeco también resalta la paralización de obras y la ineficiencia en la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), con S/17,200 millones sin utilizar para inversiones y 127 obras detenidas entre octubre y diciembre.
En cuanto al empleo en el sector de construcción en Lima Metropolitana, Valdivia informó que existe un aumento del 4% en el último trimestre de 2023, subrayando que esta es la segunda vez consecutiva que se observa un resultado positivo.
Respecto a la variación de precios, únicamente el precio del cemento y el costo de mano de obra experimentaron un alza en diciembre pasado respecto a igual mes del 2022 (5.2% y 5.4%, respectivamente).
A pesar de la situación actual, Valdivia expresó un consenso entre el BCR, consultoras económicas y empresarios de la construcción para una subida del PBI sectorial entre 3% y 4% al cierre de 2024. Se fundamenta esta expectativa en factores como el posible fenómeno El Niño y una mejora en las expectativas empresariales.
No obstante, el director de Capeco destacó la necesidad urgente de acciones gubernamentales para la recuperación del mercado inmobiliario y la obra pública.
En los últimos treinta días, el Ejecutivo sólo ha tomado algunas pocas iniciativas que no son suficientes para evitar la caída en la venta de viviendas ni para reducir la ineficiencia y baja calidad en la ejecución de obras públicas.
“Continúa la incertidumbre sobre recursos para subsidios del programa Mivivienda. Se requieren S/300 millones para retornar a niveles de 2022 y, hasta el momento, solo se ha autorizado al Ministerio de Vivienda a redirigir S/100 millones de su presupuesto institucional del presente año al financiamiento de estos subsidios”, comentó Valdivia.
Asimismo, explicó, se ha actualizado los valores de los Bonos Techo Propio, pero no los de Mivivienda ni los precios máximos de las viviendas que pueden ser financiadas a través de estos programas.
“La colocación de créditos Mivivienda Verde sigue cayendo por aprobación de Código de Construcción Sostenible que afecta proyectos certificados para acceder al Bono Verde, retrasando y hasta frustrando su ejecución. La salida del Fondo Mivivienda del financiamiento de viviendas con precios por encima de los S/350,000 (Rango 5) no ha sido cubierta aun por los bancos utilizando sus propias líneas de financiamiento. Ello a pesar de que el Estado asume parte del riesgo crediticio”, mencionó.
