El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la creación de un grupo de trabajo sectorial de naturaleza temporal para elaborar un informe exhaustivo sobre el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), suscrito en 2014 con la empresa Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., la Adenda N° 1 firmada en 2017 y la resolución unilateral del acuerdo adoptada ese mismo año.
Al respecto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ha señalado en su cuenta de Twitter que “con este grupo, identificaremos responsabilidades penales, civiles y administrativas, por acción y omisión, de exfuncionarios y exservidores del MTC. Nuestro actual Gobierno, que lidera la presidenta Dina Boluarte, no permitió que el Cusco y el Perú se quede sin el segundo aeropuerto internacional, por lo que impulsó un nuevo contrato transparente con el Gobierno de Corea del Sur y cuya obra está en plena ejecución”.
Según la Resolución Ministerial N° 539-2025-MTC/01, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el objetivo es documentar y analizar el diseño, formulación y suscripción del contrato de concesión a la luz de las deficiencias señaladas en el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), emitido en mayo de 2024 y que ordena al Estado peruano pagar US$ 91,2 millones por indemnización, más intereses, y US$ 9,3 millones por gastos procesales.
También documentar y analizar la suscripción de la Adenda N° 1, efectuada incumpliendo la normativa de Asociaciones Público-Privadas y la resolución unilateral del contrato sin una motivación sustentada en la causal de interés público.
El grupo estará integrado por representantes de la Secretaría General (quien lo presidirá), el Despacho Viceministerial de Transportes, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, que asumirá la Secretaría Técnica.
Los integrantes trabajarán ad honorem y deberán instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles. Dicho equipo tendrá 15 días hábiles para entregar un informe documentado que identifique a los responsables y recomiende las acciones legales o administrativas que se deban tomar.
