El director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Edgardo Oderique, consideró necesario que el Poder Ejecutivo precise, en el marco del Plan Unidos de reactivación económica, cuáles serán las medidas específicas que se implementarán para impulsar las exploraciones mineras, debido a que en la actualidad no hay incentivos para acelerar dicho trámite.
“A nivel de exploraciones y la puesta en marcha de proyectos hacia operaciones, es todavía donde no estamos muy bien. Hay que verlo de una forma prudente porque todavía no se tiene bien desarrollado el Plan Unidos, el cual indica textualmente en el punto 5 que “se optimizará los requisitos ambientales y de consulta previa de acuerdo con estándares de calidad de la región”. Se requiere acciones detalladas sobre cómo se realizará dicha optimización”, declaró en entrevista con el IIMP tras dar un balance del sector durante el 2023.
Bajo esa premisa, afirmó que hoy, de acuerdo a la estadística e información del Ministerio de Energía y Minas, en el Perú, de 100 proyectos de exploración, solo 1 ingresa a operación minera. “Entonces el inversionista minero tiene mucha pasión y optimismo por tratar de que estas inversiones a largo plazo puedan llegar a viabilizarse. Esperamos que mejore esta situación en adelante en cuanto a permisos y viabilidad social requeridas”, anotó.
Para el también presidente del Congreso Nacional de Minería 2024 (Conamin), el año 2023, a nivel de producción, sí fue positivo y destacó el papel del Gobierno en esta etapa. Explicó que en los dos primeros meses del 2023 hubo un impacto en el sector debido a la convulsión política del país, no obstante,en los nueve meses siguientes se mantuvo la estabilidad operativa.
“Muchas de las empresas que habían acumulado su concentrado porque no tenían las carreteras operativas debido a los bloqueos, pudieron liberarlo y transportarlo, y luego exportarlo. Eso ha sido una ayuda clara por parte del Gobierno”, subrayó.
Orderique afirmó que el papel del Ejecutivo es importante para el sector, pues no solo regula y fiscaliza las operaciones, sino también que acompaña a la empresa minera para obtener la aceptación social de las comunidades.
“Entonces sí es importante también que el Gobierno se la juegue a favor de la minería y no estamos hablando que sea un aliado del inversionista minero, sino que técnicamente pueda explicar de forma razonable a las comunidades que existe una minería responsable y a través de ella pueden impulsarse los proyectos y generar beneficios para la región y las propias comunidades”, finalizó.
