El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó que el Estado peruano obtuvo otro un triunfo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en el caso Maple Gas, en el que Worth Capital Holdings abandonó el reclamo de US$136.3 millones.
En el arbitraje internacional, Worth Capital alegó supuestas violaciones por parte del Perú de sus obligaciones bajo el APC Perú-Estados Unidos. Específicamente, ese demandante argumentó que entidades del Estado peruano y empresas de capital estatal adoptaron ciertas medidas —incluyendo la supuesta frustración por parte del Estado peruano en la obtención de la licencia para la explotación del Lote 126— que ocasionaron la destrucción de la alegada inversión indirecta de Worth Capital en Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. (Maple Gas).
El Estado peruano presentó una sólida defensa jurídica en respuesta a la demanda planteada por Worth Capital, demostrando a lo largo del arbitraje la falta de fundamento fáctico y jurídico de las reclamaciones presentadas por el inversionista. Entre otras cosas, la defensa del Perú demostró que las acciones materia de reclamo: no constituían conductas atribuibles al Estado peruano bajo derecho internacional, al tratarse de medidas adoptadas por empresas de capital estatal en ejercicio de su actividad comercial ordinaria y no en ejercicio de poder soberano.
Mediante la Resolución de Terminación y Decisión sobre Costas, el Tribunal Arbitral acogió la solicitud del Estado peruano de terminar el arbitraje internacional. Si bien el Tribunal no dio por terminado el procedimiento arbitral con carácter de cosa juzgada, sí condenó a Worth Capital al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, incluyendo US$ 2.5 millones por concepto de honorarios y gastos legales incurridos por el Estado peruano en su defensa legal, más el monto de US$ 131.565 por concepto de costos procedimentales, montos que deberán ser pagados a favor del Estado peruano a la tasa de interés fijada por el Tribunal Arbitral hasta la fecha efectiva de pago.
El Estado peruano, con el apoyo de sus abogados externos de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer, adoptarán todas las acciones que sean necesarias para exigir el cumplimiento por parte de Worth Capital de la condenatoria en costas emitida por el Tribunal Arbitral, con la finalidad de proteger el erario público y los demás intereses del Estado.
