La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima ha iniciado una investigación contra el presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Henry Luna Córdova. Esta acción se desencadenó a raíz de una denuncia presentada por el exfiscal ambiental Alberto Yusen Caraza Atoche, respaldado por el Comité de Defensa del Agua de Loreto.
La pesquisa se centra en la presunta entrega irregular de una licencia minera a la empresa Raíces Gaddaffy, según una resolución de presidencia. Esta concesión, ubicada en la cuenca alta del río Nanay, ha generado preocupación debido a su impacto potencial en la vida y la salud de los ciudadanos. El río Nanay es una fuente vital de agua potable para la población de Iquitos, y la actividad minera en esta área se considera una amenaza significativa.
En mayo del 2022, el gerente general de Raíces Gaddaffy, Ricardo Moreno Valderrama, había sido sancionado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) por “comercializar y poseer productos forestales extraídos sin autorización”. En la resolución administrativa N.° D000100-2022 se dispone la imposición de una multa por 0.7371 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
El abogado y denunciante Caraza sostuvo que la concesión fue otorgada sin haber considerado los reglamentos que prohíben la actividad minera en ríos. “Se están vulnerando derechos constitucionales de gozar de un buen ambiente equilibrado, adecuado, así como el derecho a la salud, al agua, los cuales están establecidos en la Constitución”, se lee en un comunicado de la iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCDS).
En tanto, el vocero del Comité de Defensa del Agua, José Manuyama, aseguró que cuentan con el respaldo de alrededor de 20 organizaciones sociales e instituciones de Loreto. “Si se entrega esta concesión, si se continúa con este proceso de legalizar a la minería ilegal, lo que se generaría es un gran golpe al ecosistema hídrico de este río afectando gravemente nuestra alimentación, bosques y el agua potable que consumimos en la ciudad”, aseveró.
Así mismo anunció que el próximo 15 de noviembre se realizará una segunda movilización en la ciudad de Iquitos, a fin de exigir la nulidad de dicha concesión minera y demandar la celeridad en las investigaciones para sancionar a los responsables.
«Si se entrega esta concesión, si se continúa con este proceso de legalizar a la minería ilegal, lo que se generaría es un gran golpe al ecosistema hídrico de este río afectando gravemente nuestra alimentación, nuestros bosques y el agua potable que consumimos en la ciudad», señaló Manuyama.
Denuncia pública
La denuncia pública se hizo efectiva gracias a un reportaje publicado por el medio de comunicación Ojo Público, titulado “Minería ilegal en Perú: la maldición del oro en la cuenca amazónica del río Nanay”, como se detalla en la notificación conjunta del Ministerio Público. Este documento establece el inicio de diligencias como parte de una investigación preliminar contra la autoridad del Ingemmet.
Además, se señala que la investigación sobre el presunto delito en perjuicio del Estado peruano tendrá una duración de ocho meses e incluirá la toma de declaraciones de los denunciantes y del acusado, Henry Luna Córdova, así como la solicitud de documentación pertinente al Ingemmet y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa).
