En la columna del Semáforo Minero, Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, señaló que según el reporte más reciente de la PCM, del total de compromisos pendientes registrados a nivel nacional, más del 80% pertenecen a entidades del gobierno nacional (2724 compromisos) y de los gobiernos subnacionales (733).
El representante del IIMP añadió que solo el 10% del total de compromisos pendientes le corresponden a las empresas (434). “En el caso de las empresas, estas cuentan con mecanismos de seguimiento y cumplimiento de compromisos registrados en sus respectivos instrumentos de gestión ambiental, los cuales son fiscalizables, sin embargo, no se podría opinar lo mismo sobre la gestión del Estado”, apuntó.
Zegarra anotó que sería conveniente determinar los mecanismos existentes e instituciones que permitan honrar los compromisos asumidos por el Estado para poder cumplir con los objetivos de cierre de brechas a nivel nacional y disminuir la conflictividad social.
“… ¿qué mecanismos tenemos para asegurar que se honren los compromisos del Estado? o ¿qué institución tiene el encargo de fiscalizar y cuál de asegurar que los compromisos del Estado se cumplan? Estas son algunas preguntas válidas que surgen debido a esta problemática”, añadió.
Zegarra remarcó que se debe conocer bien la causa raíz del incumplimiento de compromisos y su efecto en la legitimidad del Estado para liderar espacios de diálogo entre empresas y comunidades. “Si no hacemos esta reflexión no vamos a salir de esta espiral que no le hace bien ni al país, ni a las empresas, ni a los ciudadanos”, señaló.
Cabe indicar que la actual ministra del Ambiente, en una reciente presentación en el Congreso de la República, informó que la OEFA empezará a fiscalizar los compromisos sociales asumidos por las empresas, además de los compromisos ambientales, para lo cual vienen trabajando en una metodología.
“Este es un anuncio que consideramos merece antes que todo una revisión de las cifras actuales de compromisos derivados de los conflictos sociales a nivel nacional y una reflexión al respecto para tener un mejor panorama y tomar las decisiones más acertadas”, indicó Zegarra.
De otro lado, Zegarra saludó la aprobación del EIA del proyecto minero Yumpag (Pasco) de Compañía de Minas Buenaventura, que además de incrementar su producción le permitirá prolongar la vida de su mina Uchucchacua por unos 15 años más.
“Se trata de dos yacimientos relativamente cercanos. Uno greenfield de alta ley de plata como es Yumpag (Pasco) y otro brownfield como, Uchuchaccua (Lima), cuya sinergia les da un valor realmente significativo. Se proyecta que ambas minas en un futuro sean unidas a través de un túnel interior”, aseveró.
Finalmente, subrayó que es más que importante la presencia efectiva de Estado, no solo para el cumplimiento de sus compromisos, sino también para abordar otras problemáticas en el país como el crecimiento de la minería ilegal, que ha alcanzado niveles delincuenciales, afectando a la sociedad, la economía y la seguridad nacional.
