El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) busca, en palabras de Johnny Marchán Peña, su presidente, “la mejora de metodologías de evaluación y fiscalización. Justamente, la metodología de fiscalización de compromisos sociales es una de ellas”. “Deberíamos terminar a fin de año con la metodología bien definida. Seguramente será necesario formalizarla a partir de la inclusión en algún reglamento del OEFA y esa es una ruta que vamos a seguir”, resaltó.
En declaraciones al diario Gestión, el funcionario dijo que los instrumentos de gestión ambiental incluyen compromisos ambientales y compromisos sociales, y “la acción de fiscalización la ejercemos sobre esos dos componentes. Siempre ha sido así”.
Marchán dijo que su institución quiere revisar la metodología de fiscalización de compromisos sociales porque, a diferencia de las exigencias ambientales, que son cuantificables, pues a partir de un análisis de laboratorio “podemos determinar si se cumple o incumple con la norma técnica”, y, por tanto, “se puede ser bastante objetivo”, no sucede lo mismo con los compromisos sociales.
“Por ejemplo, un compromiso social en un instrumento de gestión ambiental de una minería podría ser: ‘mejorar el desarrollo de la población’. Pero no se aclara bien a qué se refiere. O ‘desarrollar un programa de monitoreo’, sin que se precise hasta dónde llegan las competencias del equipo de monitoreo. No necesariamente se puede cuantificar, con lo cual se puede perder objetividad”, explicó.
El presidente del OEFA sostuvo que buscan que lo que “definamos sirva para retroalimentar la aprobación de estos instrumentos de gestión ambiental, la modificación de alguno existente; y eso lo realizan otras instituciones, ya sea Senace o algunos ministerios que todavía tienen la competencia de certificar estos instrumentos de gestión ambiental”. Y añadió: “Hemos conversado con todos los actores, con empresas, líderes de comunidades, con certificadores, con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (hace un par de semanas) sobre el plan piloto que hemos empezado, y todos están de acuerdo”.El piloto consta de tres fases: la primera engloba la evaluación y diagnóstico, además de una propuesta metodológica. La segunda fase es de supervisión y la tercera implica la retroalimentación. Actualmente, dijo Marchán, el proyecto se enfoca en varias unidades fiscalizables: Inmaculada (Compañía Minera Ares S.A.C.), Quellaveco (Anglo American Quellaveco S.A.) y Planta de Óxidos (Óxidos de Pasco S.A.C.); el Lote 88 (Pluspetrol Perú Corporation S.A.), la refinería de Talara (Petroperú S.A.); la Planta Atocongo (Unacem Perú S.A.) y el Relleno Sanitario El Zapallal (Innova Ambiental S.A.).
