La exigencia de la autoridad ambiental respecto a esta obligación es el cumplimiento total de los compromisos asumidos por los propios administrados en sus planes de cierre, que involucran obligaciones de cierre progresivo, final y post cierre a nivel de ingeniería de detalle, y de ese modo se exige su obligatorio cumplimiento en el lugar, tiempo y modo en que fueron aprobados. Para el Tribunal del OEFA, conforme con los reiterados fallos que ha emitido, esta exigencia es categórica dado que obedece a que estos compromisos se encuentran orientados a prevenir o revertir de forma progresiva o final, según sea el caso, la generación de los impactos negativos que las actividades mineras puedan generar en el ambiente.

En ese sentido, no se acepta excepción alguna de un incumplimiento a las obligaciones previstas en el marco de un plan de cierre y específicamente de sus cronogramas, salvo que aplique un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor o que dichas obligaciones dejen de… Puedes leer la columna en nuestra edición Energiminas 125.

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A esta complejidad social le debemos sumar una logística desafiante por la ubicación remota de los campamentos y plataformas de operación, entonces las distancias, las limitaciones de infraestructura y las condiciones geográficas que ya incrementan costos operativos, exigen altos niveles de planificación y gestión. En respuesta a estos desafíos, la industria ha ido evolucionando y alcanzando estándares ambientales y sociales que han llevado a las empresas a adoptar políticas y sistemas de gestión orientados a prevenir riesgos sociales y ambientales, particularmente a través de procesos de evaluación de impacto ambiental y la implementación de instrumentos de gestión ambiental (IGA).

El desarrollo normativo en el sector extractivo, impulsado por los estándares de instituciones multilaterales, ha respondido a una lógica distinta al entendimiento cultural propio del país: mantener la actividad industrial separada de las poblaciones locales, siguiendo modelos regulatorios inspirados en operaciones aisladas donde la interacción con… Puedes seguir leyendo la columna aquí en nuestra edición Energiminas 125.

La entrada Integración de la debida diligencia con enfoque de derechos humanos en las operaciones de hidrocarburos se publicó primero en Energiminas.

A veces solemos comentar información de una manera muy sesgada o técnica y nos perdemos en la terminología, en las implicancias macroeconómicas o simplemente en un puesto en un ranking, tal como si fuera un campeonato deportivo, donde siempre a uno le gustaría ganar, pero que en materia de la vida diaria, de la cotidianidad de nuestra existencia, no reviste mayor importancia.

A veces no comprendemos que los países compiten por atraer inversiones, que las personas y empresas, nosotros mismos, invertimos donde sabemos qué vamos a esperar y donde no… Puedes seguir leyendo la columna en nuestra edición Energiminas 125 aquí.

La entrada El costo de perder competitividad minera en el Perú se publicó primero en Energiminas.

Aunque la minería representa cerca del 2% del uso de agua dulce a nivel nacional, muy por debajo de sectores como la agricultura, su presencia en regiones donde el recurso es naturalmente limitado hace que la gestión hídrica sea un tema sensible y prioritario. Esto ha motivado un marco regulatorio más exigente, como el Decreto Supremo 006-2025-EM, que impulsa a las operaciones a fortalecer sus prácticas de recirculación, tratamiento y planificación hídrica de largo plazo. 

En este contexto, los relaves han dejado de ser un subproducto inevitable para convertirse en un eje fundamental de seguridad, sostenibilidad y legitimidad social. Estándares internacionales como el GISTM exigen diseños más robustos, sistemas de monitoreo permanente y modelos de gobernanza basados en riesgo. La industria global entiende hoy que las primeras decisiones sobre ubicación, método de disposición y recuperación de agua condicionan el desempeño ambiental y operacional de un proyecto durante todo su ciclo de vida. Tecnologías como los relaves filtrados, espesados o en pasta pueden recuperar entre el 80% y el 95% del agua de proceso, reduciendo la huella hídrica y mejorando la estabilidad física de los depósitos.

La minería peruana tiene hoy un reto inmenso, pero también una oportunidad histórica: convertir la gestión del agua y los relaves en su principal ventaja competitiva.

La visión del agua también está cambiando. De verse como un insumo, está pasando a considerarse un recurso estratégico. Muchas operaciones que apuestan por economía circular logran tasas de recirculación superiores al 90%, apoyadas en sensorización, digitalización y modelos predictivos capaces de anticipar escenarios complejos y optimizar balances hídricos en tiempo real. Este enfoque técnico no solo reduce presiones sociales, sino que mejora la eficiencia operativa y la resiliencia frente a la variabilidad climática.

El Workshop de TECNIMIN – Desafíos para la Innovación: Aguas y Relaves, también desarrollado el 13 de marzo, reforzó la importancia de compartir experiencias, contrastar metodologías y construir soluciones de manera colaborativa. Allí participaron especialistas en hidrología, geotecnia, gobernanza y procesos, incluyendo profesionales de Arcadis, evidenciando que el futuro de la minería requiere miradas integradas, interdisciplinarias y basadas en datos. 

Esta experiencia incorporó aprendizajes globales y enfoque de diversos especialistas para poner en claro cuáles son los desafíos que debemos tener en cuenta en cuanto a la operación, gobernanza e innovación en los depósitos de relaves. El workshop dejó como principales aportes establecer una línea de gobernanza definida y una comunicación horizontal entre los miembros responsables del depósito. La gestión del agua y optimización de este recurso fue uno de los temas principales y tocado bajo el enfoque de diversos operados y consultores exponiéndose la necesidad de optimizar el uso del agua y formas de reutilizarla. Temas actuales como el cambio climático, también fueron abordados dentro de las dinámicas realizadas tanto como para la fase de concepción, diseño de ingeniería, así como para la operación. 

Esta experiencia, que combinó criterios de eficiencia hídrica, cambio climático y uso de herramientas digitales para una mejor gestión del riesgo, se vuelve especialmente valiosa en un país donde la disponibilidad hídrica es limitada y donde cada proyecto es observado con creciente rigurosidad ambiental y social. 

La minería peruana tiene hoy un reto inmenso, pero también una oportunidad histórica: convertir la gestión del agua y los relaves en su principal ventaja competitiva. No se trata solo de cumplir normas, sino de construir una industria que entienda el territorio, que recupere lo que consume, que minimice riesgos y que dialogue con transparencia. Arcadis seguirá aportando a ese camino, integrando rigor técnico, estándares globales y soluciones digitales que permitan una minería más segura, eficiente y responsable. 

La entrada Agua y relaves en la minería peruana: entre la urgencia y la oportunidad se publicó primero en Energiminas.

Esta reflexión surge después de participar recientemente en un webinar de GAIA SPE PERÚ con dos presentaciones sobre derechos humanos en la industria de hidrocarburos y sobre debida diligencia empresarial en derechos humanos dentro de la cadena de valor del sector energético.

Las personas con las que trabajamos no son estadísticas ni conceptos dentro de un informe ESG: son colegas, amigos y socios en el esfuerzo de desarrollar proyectos complejos en entornos desafiantes.

En este Webinar se discutió cómo las empresas del sector deben integrar la gestión de derechos humanos en todo el ciclo del negocio, desde la exploración hasta la producción de hidrocarburos, incluyendo la relación con contratistas, proveedores, clientes, comunidades y autoridades.

Las presentaciones destacaban una idea central: los derechos humanos no son un concepto abstracto ni exclusivamente político. En su esencia, significan algo muy simple y profundo: todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad. En el contexto de la industria energética, esto implica reconocer que nuestras decisiones operativas, logísticas o contractuales pueden tener impactos reales en la vida de las personas.

En sectores de industrias extractivas como el de hidrocarburos o minería, muchas operaciones se desarrollan en territorios complejos, donde existen desafíos institucionales, desigualdades socioeconómicas o contextos de conflictividad. Por ello, las empresas enfrentan hoy una expectativa creciente de aplicar procesos de debida diligencia en derechos humanos. Esto significa identificar riesgos, anticipar impactos potenciales sobre trabajadores, comunidades y otros grupos de interés, y adoptar medidas para prevenir, mitigar o remediar esos impactos.

A pesar de las dificultades que enfrenta actualmente la región, sigo manteniendo una profunda admiración por mis colegas y amigos allí. De hecho, tengo la firme intención de regresar muy pronto para continuar trabajando junto a ellos.

En términos prácticos, la debida diligencia en derechos humanos implica analizar la cadena de valor completa: desde la contratación de proveedores y subcontratistas hasta las condiciones laborales, la interacción con comunidades locales, la seguridad de las operaciones y la gestión ambiental. Cada eslabón puede representar un riesgo potencial, pero también una oportunidad para fortalecer prácticas responsables y sostenibles.

Sin embargo, más allá de los marcos normativos, las matrices de riesgos o los reportes de sostenibilidad, la dimensión humana se vuelve mucho más evidente cuando uno trabaja directamente en el campo. Recuerdo conversaciones con colegas kurdos durante largas jornadas de trabajo, compartiendo comidas en los campamentos o discutiendo soluciones técnicas para mejorar las operaciones. En esos momentos queda claro que detrás de cada política de sostenibilidad hay personas concretas, con familias, aspiraciones y esperanzas.

Muchos colegas con los que he trabajado en el Kurdistán iraquí muestran una enorme capacidad de adaptación y optimismo, incluso en contextos que pueden ser difíciles desde el punto de vista político o económico. Esa actitud genera una profunda admiración y también refuerza la responsabilidad que tenemos como profesionales del sector energético: asegurar que nuestras operaciones respeten y promuevan la dignidad humana.

Los conflictos actuales que afectan a distintas regiones del mundo nos recuerdan lo frágiles que pueden ser la estabilidad y la paz. En ese contexto, las empresas no pueden limitarse solamente a gestionar riesgos técnicos o financieros. También deben considerar los riesgos sociales y humanos; y también los geopolíticos, asociados a sus actividades.

En sectores de industrias extractivas como el de hidrocarburos o minería, muchas operaciones se desarrollan en territorios complejos, donde existen desafíos institucionales, desigualdades socioeconómicas o contextos de conflictividad.

Integrar los derechos humanos en la gestión empresarial no significa simplemente cumplir con un requisito regulatorio o con estándares internacionales de sostenibilidad. Significa reconocer que el desarrollo energético solo puede ser verdaderamente sostenible si se construye sobre una base de respeto, inclusión y responsabilidad hacia las personas.

Para quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en regiones del Golfo Pérsico como Irak, y otros países, este principio adquiere un significado muy concreto. Las personas con las que trabajamos no son estadísticas ni conceptos dentro de un informe ESG: son colegas, amigos y socios en el esfuerzo de desarrollar proyectos complejos en entornos desafiantes.

A pesar de las dificultades que enfrenta actualmente la región, sigo manteniendo una profunda admiración por mis colegas y amigos allí. De hecho, tengo la firme intención de regresar muy pronto para continuar trabajando junto a ellos. Confío en que la cooperación profesional, el respeto mutuo y la aplicación de prácticas responsables en la industria energética pueden contribuir, aunque sea modestamente, a construir entornos más estables, más justos y humanos.

La entrada Energía, conflicto y dignidad: derechos humanos en la experiencia operativa  se publicó primero en Energiminas.

En los últimos años he tenido que hacerme una pregunta incómoda más de una vez: si el talento es diverso, ¿por qué el liderazgo no siempre lo refleja? 

Las cifras ayudan a dimensionar el desafío. En el Perú, según Sunedu, cerca del 30 % de los estudiantes de carreras vinculadas a ingeniería, industria y construcción son mujeres; sin embargo, cuando se observa el sector energético, su participación oscila entre el 17% y el 22%, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, mientras avanzamos desde la formación académica hacia los espacios de decisión, la presencia femenina tiende a reducirse.

Esta tendencia no se explica únicamente por la oferta de talento. También refleja dinámicas internas que muchas veces operan de manera silenciosa dentro de las organizaciones. A medida que se asciende en las jerarquías, el porcentaje de mujeres suele disminuir, lo que evidencia que el llamado “embudo” del liderazgo no siempre responde solo a mérito o capacidades. 

Si el sector energético aspira a liderar la transformación tecnológica del país, también debe asumir que esa transformación será incompleta si no viene acompañada de una evolución cultural que la sostenga. 

A nivel global, incluso en un contexto de transición energética, la brecha persiste. Según IRENA, las mujeres representan alrededor del 32% del empleo en energías renovables, mientras que en petróleo y gas la cifra desciende a 23%. Aunque las nuevas tecnologías abren oportunidades para construir culturas organizacionales distintas; la pregunta sigue siendo si estamos aprovechan ese momento para cambiar o si en la práctica, terminamos replicando patrones históricos.

En muchos casos no se trata de una exclusión explícita. Más bien, son pequeñas decisiones acumuladas que, casi sin advertirlo, terminan favoreciendo perfiles similares a los que históricamente han ocupado esos espacios. 

Desde la gestión de personas he comprobado que el cambio cultural requiere decisiones sostenidas. Implica asegurar procesos transparentes y basados en mérito, pero también ampliar la forma en que entendemos el desarrollo profesional, reconociendo que no todas las trayectorias son lineales ni exclusivamente verticales. Necesitamos que el éxito profesional deje de estar condicionado por estructuras rígidas y empiece a medirse por el impacto y el valor que cada persona aporta a la organización.

En Orygen, hemos visto señales alentadoras en ese camino. En 2025 las mujeres representaban el 21,4% de las posiciones de liderazgo y un año después esa cifra ascendió a 26%. Además, el 32,7% de los movimientos internos registrados el último año correspondió a mujeres. 

Estos avances no eliminan la brecha sectorial, pero sí demuestran algo importante: cuando se generan condiciones más equitativas y se sostienen en el tiempo, el talento encuentra espacio para crecer.

En este proceso, hay una reflexión que cada vez toma más relevancia dentro de las organizaciones: la equidad no ocurre por casualidad. Empieza cuando cada persona dentro de la organización decide convertirse en agente de inclusión.

Ese camino comienza con tres pasos simples, pero poderosos. Primero, reconocer que los sesgos existen, incluso cuando no son intencionales. Luego, reflexionar sobre cómo influyen en nuestras decisiones cotidianas: a quién promovemos, a quién escuchamos o qué oportunidades abrimos. Y finalmente, actuar para asegurarnos de que el talento pueda desarrollarse sin enfrentar barreras invisibles.

Si el sector energético aspira a liderar la transformación tecnológica del país, también debe asumir que esa transformación será incompleta si no viene acompañada de una evolución cultural que la sostenga. 

Una organización solo es tan fuerte como su capacidad para permitir que cada persona, sin importar su género, alcance su máximo potencial sin encontrar barreras invisibles en el camino.

Porque liderar la transición energética también es una decisión cultural.

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El evento, originado por una deflagración en un tramo del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), interrumpió temporalmente el flujo de gas natural y de líquidos de gas hacia la costa. Como consecuencia, el gobierno se vio obligado a declarar una situación de emergencia energética e implementar medidas de priorización en el uso del recurso.

El Perú posee recursos gasíferos relevantes y una industria con experiencia técnica probada. Lo que falta es avanzar hacia una política energética consistente que permita transformar ese potencial en seguridad energética.

Aunque se trata de un incidente operativo puntual que se espera resolver en el corto plazo, sus efectos trascienden lo coyuntural. Lo ocurrido pone en evidencia debilidades estructurales que el país debe abordar con una visión estratégica de largo plazo.

Un sistema eficiente, pero con un punto crítico de vulnerabilidad

La infraestructura del sistema de transporte de Camisea constituye una de las obras energéticas más complejas desarrolladas en el país. El gasoducto atraviesa zonas geográficas extremadamente desafiantes de la Amazonía y Andes peruanos y ha operado durante más de dos décadas con estándares técnicos de alto nivel.

Sin embargo, incluso los sistemas mejor operados presentan riesgos cuando dependen de infraestructura crítica única.

Actualmente, el sistema energético peruano presenta tres factores estructurales que incrementan su vulnerabilidad:

• El 98% del gas natural consumido en el país proviene de una sola fuente: Camisea.
• Existe un único sistema principal de transporte que moviliza gas natural y líquidos hacia la costa.
• La capacidad de almacenamiento estratégico de combustibles líquidos como GLP, diesel y gasolinas sigue siendo limitada.

Durante más de veinte años el sistema ha funcionado sin interrupciones significativas. Pero precisamente el evento reciente confirma una realidad técnica conocida: la confiabilidad de un sistema no elimina la necesidad de redundancia.

El costo de la redundancia frente al costo de la interrupción

En ingeniería de sistemas energéticos, la redundancia no es un lujo, sino un mecanismo de seguridad.

Consiste en disponer de infraestructura o sistemas alternativos que permitan mantener la operación cuando el sistema principal falla. La lógica económica detrás de esta decisión es clara: el costo de implementar respaldo debe ser menor que el costo de una interrupción del suministro.

El propio sistema eléctrico peruano ofrece un ejemplo ilustrativo: las denominadas centrales de “reserva fría”, que solo entran en operación cuando existe déficit de generación o contingencias en el sistema. Estas plantas suelen utilizar diésel, un combustible más costoso y menos eficiente, pero su activación resulta plenamente justificable frente al impacto económico de un apagón eléctrico.

La reciente interrupción del gas natural demuestra que este mismo principio debería aplicarse con mayor énfasis en la infraestructura de transporte y abastecimiento del gas.

Lección aprendida: Cuando falta el gas, toda la economía lo siente

La interrupción temporal del suministro ha generado efectos inmediatos en varios sectores de la economía.

En el sector eléctrico, centrales termoeléctricas que normalmente operan con gas natural han debido recurrir a combustibles alternativos como el diésel, lo que ha incrementado significativamente los costos de generación, especialmente en el mercado spot y clientes libres.

Lo ocurrido en Camisea no es simplemente un incidente técnico. Es un recordatorio de que el sistema energético peruano requiere una visión estratégica de largo plazo.

En el sector industrial, diversas empresas han tenido que evaluar el uso temporal de combustibles sustitutos como diésel, residual o GLP para evitar paralizaciones en sus procesos productivos.

El transporte también ha experimentado impactos relevantes, particularmente en los vehículos que utilizan gas natural vehicular (GNV), generando mayor presión sobre la demanda de combustibles líquidos.

Todo ello confirma una premisa básica de la economía energética:

la energía más cara no es necesariamente la más costosa, sino aquella que no está disponible cuando se necesita.

Camisea: una historia de éxito energético

A pesar de las vulnerabilidades evidenciadas, es fundamental reconocer que Camisea ha sido uno de los proyectos más transformadores en la historia energética del Perú.

En poco más de dos décadas, el gas natural ha permitido:

• Abastecer alrededor del 40% de la generación eléctrica nacional, llegando a superar el 55% en épocas de estiaje
• Conectar a más de 2.5 millones de hogares al suministro de gas natural
• Impulsar el desarrollo del transporte a gas natural, con cerca de 500 mil vehículos
• Generar más de 65 mil millones de soles en regalías e IR para el Estado

Estos resultados demuestran que el gas natural ha sido un pilar fundamental para la competitividad energética del país.

Sin embargo, el éxito de Camisea también ha generado una dependencia única que hoy se vuelve evidente.

El desafío: diversificar recursos y fortalecer la infraestructura

El problema no radica en Camisea, sino en la alta concentración del sistema energético en una sola fuente o reserva y un solo corredor de transporte.

Actualmente se estima que las reservas probadas podrían cubrir la demanda nacional durante aproximadamente 12 años. No obstante, existen recursos contingentes cercanos a 3 TCF que muy pronto podrían ampliar el horizonte de abastecimiento por varios años adicionales.

Asimismo, el  “barrio de Camisea” podría albergar recursos adicionales en lotes que aún no han sido plenamente desarrollados.

Pero convertir recursos potenciales en reservas explotables requiere condiciones claras:

• Liderazgo político para impulsar la exploración 
• Predictibilidad y transparencia regulatoria de largo plazo
• Regalías competitivas y buen uso del canon, entre otros.

Cabe recordar que el desarrollo de nuevos yacimientos puede tomar entre 10 y 15 años desde la exploración hasta su producción comercial.

Candamo: una discusión que vuelve al centro del debate

En este contexto ha resurgido el debate sobre el potencial gasífero del área de Candamo.

En 1998, Mobil Oil descubrió en esta zona un pozo con recursos estimados cercanos a 3 TCF de gas natural, con un potencial geológico que algunos especialistas estiman en 40 TCF en toda la zona. En ese momento, sin embargo, el descubrimiento de gas no generó interés comercial debido a la inexistencia de un mercado desarrollado.

A pesar de las vulnerabilidades evidenciadas, es fundamental reconocer que Camisea ha sido uno de los proyectos más transformadores en la historia energética del Perú.

Posteriormente el lote fue revertido al Estado y el área fue incorporada a una zona natural protegida.

Hoy el contexto es distinto. El país necesita ampliar sus reservas para garantizar su seguridad energética. La discusión sobre Candamo no debería plantearse únicamente como una dicotomía entre desarrollo y conservación.

La experiencia de Camisea demuestra que es posible desarrollar operaciones gasíferas con estándares ambientales rigurosos y una intervención territorial mínima.

¿Es momento de retomar el Gasoducto del Sur?

El incidente reciente también ha reactivado el debate sobre proyectos estratégicos como el Gasoducto del Sur, concebido para ampliar el acceso al gas natural en diversas regiones del país y diversificar las rutas de transporte.

Desde su paralización en 2017, varios gobiernos han anunciado su reactivación sin lograr concretarla. Mientras tanto, el país continúa asumiendo los costos de mantenimiento de tuberías instaladas y almacenadas, que ya superan aproximadamente 500 millones de dólares, sin que esta inversión genere beneficios energéticos.

Seguridad energética: una tarea pendiente

Lo ocurrido en Camisea no es simplemente un incidente técnico. Es un recordatorio de que el sistema energético peruano requiere una visión estratégica de largo plazo.

La seguridad energética no depende únicamente de disponer de recursos naturales, depende de contar con:

• Liderazgo político, con funcionarios probos que se atrevan a tomar decisiones
• Cambios en la ley organiza de hidrocarburos que incentiven la exploración y explotación de petróleo y gas
• Plan Nacional de energía al 2050 con políticas públicas que incentiven la inversión
• Infraestructura de transporte redundante, mayor capacidad de almacenamiento estratégico de diversos combustibles líquidos y sistemas de regasificación de gas natural en zonas estratégicas costeras
• Diversificación de recursos energéticos renovables.

El Perú posee recursos gasíferos relevantes y una industria con experiencia técnica probada. Lo que falta es avanzar hacia una política energética consistente que permita transformar ese potencial en seguridad energética.

Porque al final, la lección es simple pero contundente:

En un sistema energético moderno, la energía más cara siempre será aquella que no está disponible cuando el país la necesita.

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Según lo anunciado por el Ministerio de Energía y Minas, los trabajos de reparación presentan avances importantes y podrían completarse dentro del plazo de 14 días estimado por Transportadora de Gas del Perú (TGP). Sin embargo, es importante recordar que la recuperación plena del sistema dependerá de que ambos ductos entren nuevamente en operación.

El sistema de transporte funciona como una infraestructura integrada. El ducto de gas natural seco abastece a las centrales eléctricas, a los hogares, a la industria y al transporte que utiliza gas natural vehicular (GNV). El ducto de líquidos, por su parte, transporta los líquidos de gas natural que luego se procesan en la planta de fraccionamiento de Pisco para producir GLP, un combustible esencial para millones de hogares. La operación simultánea de ambos ductos es, por tanto, clave para restablecer el abastecimiento energético habitual.

En el corto plazo, la prioridad es clara: culminar con éxito la reparación de los dos ductos del sistema de transporte y restablecer plenamente el transporte de gas desde la planta de Malvinas.

Durante la emergencia se activaron mecanismos de racionamiento previstos en la normativa vigente. Estas medidas han permitido priorizar el suministro hacia los hogares, pequeños comercios, industrias esenciales, el transporte público masivo y los servicios de salud. Al mismo tiempo, se establecieron restricciones temporales para el uso de GNV en taxis y transporte privado, así como limitaciones en el consumo de grandes empresas y generadores eléctricos.

Estas decisiones, aunque necesarias para administrar la escasez temporal, han generado preocupación sobre la confiabilidad del sistema de gas natural. Sin embargo, conviene poner este episodio en perspectiva. Durante más de veinte años de operación, el sistema de transporte de gas natural ha funcionado con altos niveles de confiabilidad (por encima del 99%), permitiendo una transformación profunda de la matriz energética del país.

Gracias al gas natural, el Perú pudo sustituir combustibles líquidos más caros y contaminantes, reducir los costos de generación eléctrica y mejorar la competitividad de su economía. Hoy el gas natural es el principal combustible del sistema eléctrico y una fuente energética fundamental para la industria, el transporte y los hogares.

La reciente escasez también dejó ver algunos efectos indirectos en el mercado energético. Muchos vehículos duales, ante la menor disponibilidad de GNV y GLP, aumentaron su consumo de gasoholes, lo que elevó la demanda de combustibles líquidos en los grifos. Este incremento ha puesto presión sobre la logística de abastecimiento basada en camiones cisterna, en un contexto internacional de mayores precios del petróleo asociados a tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El ducto de gas natural seco abastece a las centrales eléctricas, a los hogares, a la industria y al transporte que utiliza gas natural vehicular (GNV). El ducto de líquidos, por su parte, transporta los líquidos de gas natural que luego se procesan en la planta de fraccionamiento de Pisco para producir GLP, un combustible esencial para millones de hogares.

Este contraste resalta una de las ventajas del gas natural: su capacidad de transportar grandes volúmenes de energía de manera continua y eficiente a través de ductos, reduciendo costos logísticos y mejorando la seguridad energética.

Por estas razones, el gas natural seguirá siendo una de las mejores alternativas para la matriz energética peruana. Además de ofrecer costos competitivos, cumple un rol fundamental para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, complementando otras fuentes de generación como las energías renovables solar y eólica, y permitiendo responder con flexibilidad a las variaciones de la demanda.

En el corto plazo, la prioridad es clara: culminar con éxito la reparación de los dos ductos del sistema de transporte y restablecer plenamente el transporte de gas desde la planta de Malvinas. Lograrlo permitirá recuperar la normalidad del suministro energético y reafirmar la confianza en un recurso que ha sido clave para el desarrollo económico del país.

La entrada La reparación del sistema de dos gasoductos y la confianza en el gas natural se publicó primero en Energiminas.

El peso del sector es evidente. Según estimaciones del sector (Ernst & Young Perú, Anuario Minero del MINEM, BCRP), la minería en años recientes ha contribuido alrededor de 9,5‑10 % al PIB y sus exportaciones han representado más del 60 % de las exportaciones nacionales. Con esa magnitud, cada decisión ambiental, productiva o social se vuelve parte de un debate público permanente. Y en ese espacio, la confianza no depende exclusivamente de la operación; se sostiene en la trazabilidad y calidad de la información que se comparte. En minería, transparencia significa hacer los reportes comprensibles sin sacrificar rigor.

Las operaciones mineras generan una enorme… Puedes seguir leyendo esta columna en la edición 123 de la revista Energiminas.

La entrada Gestión socioambiental minera actual: evidencia técnica para atender dinámicas informativas en tiempos de comunidades digitales se publicó primero en Energiminas.

Se presenta a los mineros formales como acaparadores de áreas, sin la intención de realizar actividad e impidiendo a los mineros informales acceder a las áreas ya concedidas. Los defensores demandan una reforma del régimen, que reduzca el plazo de tenencia sin explotar.

Los que promueven el cambio omiten que responde a una realidad: el desarrollo de un proyecto de mediano o gran tamaño es una actividad de mucha inversión y tiempo por razones intrínsecas, como la exploración, permisos o autorizaciones, las medidas ambientales y de seguridad, la complejidad para diseñar el proyecto, las características de los recursos minerales, etc… Puedes seguir leyendo esta columna en la edición 123 de la revista Energiminas.

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