PetroTal, el mayor productor de crudo del país, informa que rechaza la “ilegítima acta” suscrita en la reunión convocada por el gobernador regional de Loreto, René Chávez, la cual “desconoce y distorsiona todos los acuerdos alcanzados con la intermediación del Gobierno en la denominada Mesa Técnica del Lote 95, creada por RM Nº 144-2022-MINEM/DM, único espacio de diálogo establecido por más de 14 meses para abordar la implementación del Fondo de Desarrollo para el Distrito de Puinahua (Fondo 2.5)”.
PetroTal fue obligada a retirarse de la reunión al igual que la Junta Autónoma del Puinahua (JAP), que representa a la mayoría de la población, a solicitud de Aidecobap (Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua), un acto, dice la petrolera, “avalado por el gobernador que dejó sin legitimidad los acuerdos del encuentro por la ausencia de dos actores involucrados en la búsqueda de una solución al conflicto social creado por Aidecobap”.
“Denunciamos que en la reunión estuvieron representantes de federaciones de otras cuencas petroleras que no participaron en la Mesa Técnica del Lote 95 ni en otro espacio de diálogo relacionado con la problemática de Puinahua”, precisaron. “Este hecho es una clara muestra de un intento por politizar la discusión en torno al Fondo 2.5, que ha sido diseñado para no solo cubrir las necesidades actuales de toda la población sino proveer una solución para la vida postpetróleo al establecer que el 40% de los dineros aportados al Fondo 2.5 sean ahorrados y reinvertidos para este fin, tal como hace en Alaska y Noruega, dos ejemplos de fondos manejados con total transparencia y la gobernanza apropiada”.
A Petrotal le preocupa, como único aportante del Fondo 2.5, que se ponga en riesgo su gobernanza, dejando afuera a las comunidades, localidades y caseríos del Puinahua.
PetroTal hace un llamado a la paz, y convoca a las autoridades pertinentes a que se reestablezca el Estado de derecho en Puinahua y sea la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la que lidere la solución al conflicto.La presidenta Dina Boluarte señaló que la PCM tendría el liderazgo de la comitiva que abordaría el conflicto social, por lo que llama la atención que el gobernador haya dirigido la reunión y suscrito un acta mientras Aidecobap mantenía secuestrada dos barcazas con sus 14 tripulantes.
