“Se estima que la demanda de cobre crecerá 1.5% anual, pasando de 21 millones de toneladas en 2021 a 34 millones de toneladas en 2050, como consecuencia de la transición energética”, dijo Ángela Grossheim, directora de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
En el seminario Minería y Desarrollo Sostenible organizado por ComexPerú, la ejecutiva destacó que este panorama representa una oportunidad que debería aprovechar el Perú, considerado el segundo productor mundial de cobre, que cuenta con un portafolio de proyectos mineros, cuya inversión total es de US$ 53,000 millones.
“Como país, nos encontramos en una posición expectante por la transformación de la matriz energética y el cambio climático. Y en ese contexto, contamos con una cartera de 47 proyectos mineros, conformada por más de 70% de iniciativas de explotación de cobre”, puntualizó.
Resaltó que la cartera de proyectos mineros debe entrar en ejecución en plazos expeditivos, pues el cobre es la principal materia prima necesaria para la generación de energía eléctrica y la electrificación de vehículos, contribuyendo con la reducción de emisiones de carbono.
“Tenemos gran potencial de cobre que deberíamos poner en valor, considerando que este mineral es usado ampliamente en las industrias de energía renovable y electromovilidad. Hoy, un auto eléctrico consume cuatro veces más cobre que un auto convencional”, ejemplificó.
No obstante, Angela Grossheim, exgerente de estudios e investigación del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), sostuvo que los proyectos mineros enfrentan el problema de excesiva tramitología, lo que dificulta la aprobación y desarrollo de los mismos en tiempos acordados.
“En 2018 se determinó que existían 470 normas legales que regulaban la actividad minera, 232 procedimientos administrativos y 29 entidades públicas comprometidas. Se necesita trabajar de manera articulada entre todos los actores para reducir la carga tramitológica”, aseveró.
De otro lado, lamentó que los conflictos sociales se intensificaron al punto de paralizar no solo proyectos en exploración, sino también unidades mineras en producción, produciendo despidos laborales, suspensión de contratos con proveedores y pérdidas económicas para el país.
“Es importante contar con una política de prevención de conflictos sociales para detectar oportunamente casos de discrepancias entre empresas y comunidades, diferenciar los motivos de cada uno y brindar un tratamiento a través de mesas de diálogo y seguimiento”, sugirió.
Pese a todo, destacó que el sector minero continúa generando desarrollo social y económico en zonas remotas de 18 regiones, habiendo transferido por canon, regalías y otros conceptos tributarios, más de S/ 46,000 millones en los últimos diez años y S/ 10,000 millones en 2022.
