El Perú enfrenta un desafío interno que condiciona su competitividad, pese a la oportunidad geopolítica que representa la transición energética: la calidad de su institucionalidad, planteó Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), durante el Jueves Minero “Minería: oportunidad global y la tarea pendiente del Perú”, donde presentó tres propuestas concretas para los primeros 100 días del próximo gobierno.
“La oportunidad estratégica del Perú en minerales críticos es hoy mayor que hace pocos años. Nuestro principal cuello de botella ya no es geológico: es institucional”, afirmó. Advirtió que factores como la minería ilegal, la corrupción subnacional y la falta de previsibilidad en permisos para desarrollar proyectos están debilitando la capacidad del país para posicionarse como proveedor confiable de minerales ante el mundo.
La propuesta del IIMP plantea tres acciones inmediatas. En primer lugar, enfrentar la minería ilegal desde un enfoque integral de seguridad, con trazabilidad y control territorial. “La minería ilegal debe ser tratada como una amenaza de seguridad y gobernanza”, remarcó Zegarra.
El segundo eje apunta a la permisología, a través de mecanismos de simplificación administrativa y digitalización de permisos para ejecutar proyectos. “Si el Perú no mejora la predictibilidad regulatoria, otros países con menor dotación mineral pero mejor capacidad de ejecución pueden capturar antes la inversión”, advirtió, en referencia al contexto internacional donde la rapidez en la ejecución se ha vuelto determinante.
El tercer componente busca capitalizar la ventana geopolítica abierta por los acuerdos internacionales y memorandums de entendimiento en minerales críticos. “El Perú sí puede posicionarse como socio hemisférico clave, pero solo si logra unir tres agendas: combate a la ilegalidad, reforma de permisos y desarrollo de cadenas de suministro”, sostuvo.
Los tres expresidentes del IIMP, quienes participaron como panelistas en el encuentro, coincidieron en la urgencia de medidas concretas. Víctor Gobitz puso énfasis en la trazabilidad y el rol articulador de las plantas concentradoras. “No necesitamos ampliar el Reinfo, necesitamos trazabilidad y lograr que aguas arriba en las minas se haga un trabajo correcto”, señaló, además de plantear mayor coordinación entre entidades como Senace y ANA.
Juan José Herrera apuntó a la gestión estatal de permisos: “Lo que necesitamos en el Minem es un sistema de seguimiento para todo lo que es la permisología, debidamente conectada con los entes fiscalizadores”, afirmó.
Antonio Samaniego planteó el fortalecimiento institucional. “El Perú tiene que declararse un país minero. Tenemos que controlar la informalidad con entes que otorgan permisos, que controlen explosivos y que tengan presencia en campo”, indicó, subrayando también la importancia de fortalecer a los gobiernos regionales.
