La corrupción en el Perú no solo persiste, sino que se ha integrado al funcionamiento cotidiano del país, afectando la provisión de servicios públicos, la ejecución de obras y la capacidad del Estado para ordenar la actividad económica. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), tras la ponencia de Juan Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética.
Los indicadores derivados de la XIII Encuesta Nacional de Percepciones sobre Corrupción muestran que la percepción ciudadana se ha agravado de forma sostenida en los últimos años. Hoy, dos de cada tres peruanos consideran que la corrupción es uno de los principales problemas del país, y casi el 90% percibe que ésta ha aumentado en los últimos cinco años.
El analista político Iván Arenas señaló que esta percepción ya está instalada en la ciudadanía. “La gente reconoce que este país funciona mal, o bien, o más o menos, pero funciona con corrupción. De lo contrario no puede funcionar”, sostuvo.
Para recuperar la confianza ciudadana, Augusto Townsend, fundador del Comité de Lectura y cofundador de Recambio, subrayó la necesidad de renovar la clase política. Además advirtió que el financiamiento electoral se ha convertido en una forma anticipada de intercambio de favores: “Yo entrego un financiamiento a un partido y estoy haciendo que el partido me deba un favor”, una práctica que, dijo, no siempre se manifiesta de manera explícita, pero que condiciona las decisiones posteriores.
Las reflexiones del panel también pusieron foco en el avance de las economías ilegales hacia esferas políticas. Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos en el Instituto de Criminología, advirtió que el país está ingresando a una fase más crítica.
“Estamos empezando a presenciar la participación abierta y expresa de la economía ilegal en la vida política del país, con total impunidad”, afirmó, al señalar que esta dinámica erosiona la democracia y distorsiona la toma de decisiones públicas.
Esta advertencia coincide con la expansión de actividades ilícitas como la minería ilegal, percibida por más del 90% de los peruanos como un problema grave o muy grave, y frente a la cual una mayoría similar considera que el Estado no está respondiendo de manera efectiva.
