La falta de una consolidación fiscal se mantiene como la principal fuente de inestabilidad macroeconómica ante el continuo incumplimiento de las reglas fiscales, señaló el Instituto Peruano de Economía (IPE). El IPE proyecta una reducción del déficit a 2.5% del PBI al cierre del 2025, explicado por los ingresos transitorios por regularización del impuesto a la renta, las transferencias de utilidades de empresas públicas, y el pago extraordinario de resoluciones de determinación y multa impuestas por la SUNAT.
Pese a ello, el ajuste del gasto público no sería suficiente y el déficit se mantendría aún por encima de la meta vigente de 2.2%. Para 2026, la disipación de los ingresos extraordinarios descritos y la desaceleración del crecimiento económico afectarían la recaudación, mientras que se presentan riesgos al alza sobre los gastos debido a los mayores recursos por Foncomun que recibirán los gobiernos locales y un probable nuevo rescate financiero a Petroperú.
Asimismo, la aprobación de incrementos salariales continúa generando presiones sobre las finanzas públicas: al 2026, el presupuesto público en remuneraciones, componente con alta rigidez, se habría incrementado casi 50% solo entre 2023 y 2026. De esta manera, el IPE proyecta un déficit de 3.1% del PBI en 2026. Con este resultado, al considerar las reglas vigentes, se acumularían cuatro años consecutivos de incumplimiento de la regla de déficit fiscal y el peso de la consolidación fiscal recaerá sobre el nuevo gobierno.
La economía peruana creció 3.4% en la primera mitad del 2025, resultado explicado por el crecimiento sostenido del gasto privado. El consumo privado (+3.7%) se favoreció de un alto incremento del empleo formal y de la moderación de la inflación, que han permitido la recuperación del poder adquisitivo de los hogares. Por su parte, todos los componentes de la inversión privada (+8.9%) se han recuperado en el último año. Entre ellos, destaca el incremento de la inversión residencial, que creció en el primer semestre luego de dos años y medio de caída, producto de la mayor autoconstrucción y de la mejora en los créditos hipotecarios ante la continua reducción de las tasas de interés. No obstante, la solidez de la demanda interna fue parcialmente contrarrestada por la caída de las exportaciones tradicionales en el segundo trimestre por factores temporales que afectaron el procesamiento de minerales y su embarque.
El dinamismo del gasto privado se mantendría en el tercer trimestre. A julio, cifras preliminares muestran un todavía alto incremento de la masa salarial del sector formal. Además, el IPE estima que el impulso de la inversión privada se habría mantenido entre julio y agosto con una expansión de 10.4%, explicada por el incremento a doble dígito de los bienes de capital y la recuperación del consumo interno de cemento.
Sin embargo, esta resiliencia se iría moderando hacia fines de este año e inicios del próximo. El consumo enfrenta una alta base de crecimiento respecto del último trimestre del 2024, que fue favorecido por los retiros de AFP y por una fuerte recuperación del empleo formal en el sector agroexportador. En tanto, las expectativas empresariales —que representan un indicador adelantado de la inversión privada no minera— tienden a deteriorarse históricamente en los meses previos a las elecciones generales, como las próximas a ocurrir en 2026. Esta incertidumbre electoral llevaría a que una parte del sector empresarial postergue decisiones de inversión hasta que el escenario político sea más claro.
En este contexto, el IPE mantiene sus proyecciones del PBI en 3.2% para 2025 y revisa ligeramente al alza a 2.4% en 2026 (antes 2.2%). Para 2025, se eleva la proyección de inversión privada de 6.0% a 7.6%, en línea con el desempeño favorable registrado en el primer semestre. Ello compensaría el ajuste que se viene presentando en la inversión pública y el menor crecimiento de las exportaciones. Para el 2026, se mantiene el pronóstico de desaceleración económica en un contexto de incertidumbre electoral, acentuada por el elevado número de partidos políticos participantes y las modificaciones electorales, como el retorno a la Bicameralidad, introducidas en los próximos comicios. Este escenario llevaría a un freno en la actual recuperación de la inversión privada, la cual tendría un crecimiento nulo en 2026.
Hacia los próximos años, el aprovechamiento del potencial minero en el contexto de la transición energética mundial y la contención en el avance de las economías ilegales determinarán el potencial de crecimiento del Perú. Resulta importante entonces aprovechar los términos de intercambio que han alcanzado máximos de casi 75 años, situándose incluso 55% por encima del boom de la década del año 2000. En paralelo, contener el avance de la delincuencia y las economías ilegales, la cual se sitúa en la opinión de las familias peruanas como el principal problema del país, por encima de la corrupción.
La actualización de las proyecciones fue presentada por Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE, durante el seminario virtual “Entre la recuperación y la incertidumbre: Perspectivas de crecimiento al 2026”, organizado por el IPE.
