Respecto de lo sucedido esta mañana en el sector de Huacacocha, dentro del terreno de propiedad de Compañía Minera Antamina, que fuera ocupado ilegalmente desde el 15 de agosto por integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Huaripampa, la minera informa que “tiene todos los argumentos legales que acreditan la propiedad de los terrenos donde opera, y desde el inicio ha mantenido un respeto irrestricto de los límites territoriales con las comunidades campesinas y propietarios privados que rodean a la operación”.
Desde fines de 2023, la dirigencia de la Comunidad Campesina de Huaripampa viene presentando reclamos por una supuesta usurpación de terrenos por parte de Compañía Minera Antamina. La empresa sostiene que sus reclamos no tienen sustento legal. “Durante más de 25 años, la comunidad y la empresa han mantenido una pacífica y fructífera relación, a lo largo de la cual nunca se cuestionaron los acuerdos de compra de tierras suscritos en 1998 entre ambas partes”, indica la compañía en un comunicado.
Como parte de sus acciones de protesta, desde el pasado 15 de agosto, un grupo reducido de miembros de la comunidad, liderados por la Junta Directiva y un asesor externo, invadieron la propiedad de Antamina.
El ingreso indebido no autorizado a cualquier propiedad privada constituye un delito establecido en el Código Penal. Frente a ello, el Ministerio Público invocó a la comunidad a no cometer actos de desobediencia y resistencia a la autoridad.
El 18 y 19 de agosto, por encargo de la Junta Directiva de la comunidad, un grupo de personas ingresó a la zona de la presa de relaves de Antamina. “De esta manera, no solo se promovió una ocupación ilegal, sino que, además, se puso en riesgo la integridad de los miembros de la comunidad”, indica la empresa.
Durante los últimos días, en tres comunicaciones formales, Antamina ha exhortado a la Junta Directiva de la comunidad a que deponga las medidas ilegales y riesgosas a las que ha expuesto a los integrantes de la comunidad, y al mismo tiempo la ha invitado al diálogo para abordar sus reclamos. No obstante, el 21 de agosto, en una carta de respuesta, la Junta Directiva anunció con recurrir a “todas las medidas de acción social” si no se accede a sus demandas.
Ante la persistencia de las ilegales y riesgosas acciones tomadas por la comunidad, frente la reiterada negatoria al diálogo, y haciendo uso de las facultades que la ley otorga, a las 6 a.m., Antamina retomó el control del sector ocupado, y se reanudaron las labores operacionales que allí se desarrollaban. Esto provocó la reacción de un reducido grupo de miembros de la comunidad, quienes intentaron enfrentar a los agentes de la Policía Nacional del Perú, presentes en la zona para garantizar el orden público, y posteriormente dañaron maquinarias y equipos de trabajo. No se registraron daños personales, y la operación de Antamina no fue interrumpida.
“Antamina lamenta que la Junta Directiva de la comunidad haya expuesto innecesariamente a sus integrantes al peligro”, indica el comunicado de la empresa. “Se invoca a las autoridades a que determinen las responsabilidades del caso, y a que estén alertas frente a la amenaza de nuevas acciones ilegales que pongan en riesgo el estado de derecho y el orden público”. Antamina reafirma su compromiso de sostener una relación armoniosa y pacífica con la comunidad”.
