Darío Zegarra: La agilidad regulatoria permitirá retener la inversión minera

“Atraer y retener la inversión es una competencia permanente. El desafío de fondo para el Perú sigue siendo interno: agilidad regulatoria, claridad normativa y una gestión pública capaz de traducir potencial en progreso real”, dijo el presidente del IIMP

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El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Darío Zegarra, advirtió que el mayor desafío de la minería peruana no es solo atraer nuevas inversiones, sino lograr retenerlas y transformarlas en desarrollo sostenible para el país. Para ello, subrayó, se necesita mayor agilidad regulatoria, claridad normativa y una gestión pública más eficiente.

“Atraer y retener la inversión es una competencia permanente. El desafío de fondo para el Perú sigue siendo interno: agilidad regulatoria, claridad normativa y una gestión pública capaz de traducir potencial en progreso real”, dijo en su reciente columna para el diario Gestión.

El presidente del IIMP recordó que los minerales críticos son cada vez más demandados por la transición energética y tecnológica, lo que ha intensificado la competencia global por captar capitales. También advirtió que, si bien el país mejoró en el ranking de competitividad del Fraser Institute —al pasar del puesto 59 en 2023 al 40 en 2024—, la competencia internacional no se detiene. Como ejemplo, destacó el caso de Argentina, donde provincias como La Rioja han escalado rápidamente en el interés de los inversionistas.

Asimismo, hizo un llamado a repensar el marco legal de la pequeña minería y la minería artesanal. “No basta formalizar por cumplir. Necesitamos garantizar trabajo digno, seguridad social y respeto por el ambiente, propiciando que estas actividades sean modelos de negocio sostenible, trabajando articuladamente con la gran minería y el tejido de empresas proveedoras”, sostuvo.

Darío Zegarra señaló que la minería ilegal constituye un problema estructural que amenaza al propio Estado de derecho. “La minería ilegal es más que un problema de seguridad: es una amenaza a la institucionalidad. Combatirla exige una estrategia cohesionada, con roles activos del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial. Sin trazabilidad y sin justicia efectiva, los esfuerzos de lucha quedarán en el papel”, sostuvo.

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