El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó la apelación de la asociación Apache Stronghold, que busca bloquear el desarrollo de la mina Resolution Copper en Arizona. La mina es una empresa conjunta entre Rio Tinto y BHP.
El grupo de defensa, compuesto por miembros de la tribu apache San Carlos de Arizona y conservacionistas, impugnó una decisión de un tribunal inferior que permitía un intercambio de tierras federales, lo que permitió a las compañías mineras adquirir tierras consideradas sagradas por los apaches para el proyecto.
Un juez federal de Arizona suspendió temporalmente la transferencia de tierras el 9 de mayo, a la espera del resultado de la apelación ante la Corte Suprema.
El proyecto Resolution Copper pertenece en un 55 % a Rio Tinto y en un 45 % a BHP, siendo Rio Tinto la operadora. Las empresas ya han invertido más de US$ 2,000 millones en el proyecto, que se perfila como la mina de cobre más grande de Norteamérica. Contiene el tercer yacimiento de cobre más grande conocido a nivel mundial y podría satisfacer más de una cuarta parte de la demanda estadounidense de cobre durante décadas.
Apache Stronghold presentó una demanda por primera vez en 2021, alegando que el proyecto viola las protecciones constitucionales y legales a la libertad religiosa.
Argumentan que la mina destruiría Oak Flat, conocido como Chi’chil Biłdagoteel en lengua apache, un lugar sagrado donde los apaches occidentales han celebrado ceremonias durante generaciones, incluyendo un ritual tradicional de cuatro días para la mayoría de edad de las mujeres jóvenes.
El grupo también afirma que la mina violaría un tratado de 1852 en el que el gobierno estadounidense prometió proteger las tierras apaches y garantizar la prosperidad y felicidad permanentes de la tribu.
El Congreso autorizó el intercambio de tierras como parte de un proyecto de ley de gastos de defensa de 2014 firmado por el entonces presidente Barack Obama. La legislación permitió a Rio Tinto y BHP intercambiar tierras privadas por Oak Flat, ubicada a unos 113 km al este de Phoenix.
La transferencia estaba sujeta a la finalización de una declaración de impacto ambiental, publicada en enero de 2021, durante los últimos días del primer gobierno de Trump. Sin embargo, en marzo de 2021, el gobierno de Biden retiró la declaración, deteniendo temporalmente la transferencia.
