El 13 de mayo de 2024 se publicó un comunicado en el que se daba a conocer la crítica situación en la que se encontraba Petroperú, mientras se esperaba una respuesta del gobierno respecto a las acciones recomendadas para lograr ganancias de eficiencia en Petroperú que aseguren su autosostenibilidad. Así, se subrayó también que “era inmoral” seguir solicitando más dinero al Estado sin que la empresa se comprometiera a cambios profundos. Pasado algunos meses, la decisión del gobierno respecto a qué hacer con Petroperú aún sigue pendiente.
Los directores designados por la Junta General de Accionistas de Petroperú informan que el gobierno, que es el accionista del 100% de Petroperú, tiene tres opciones que valorar: continuar inyectando capital a la empresa, como hasta ahora, sin pedir ni asegurar cambios organizacionales creíbles que busquen su eficiencia, aceptar su quiebra y liquidación con las obligaciones legales y financieras que podrían enfrentarse, o decidirse por una reestructuración profunda que goce de credibilidad. Esto último, afirman los directores de la estatal, “conllevaría a una consecuente y necesaria inyección de capital del gobierno con la condición de realizarse acciones de eficiencia organizacional que serían implementadas con el apoyo de una firma de experiencia internacional comprobada”.
Para los directores de Petroperú, la estabilización de la empresa tendría que asegurar la atracción de capital privado para fortalecer su transformación. “Esta opción, por supuesto, enfrenta riesgos institucionales, que eventualmente pueden terminar interrumpiendo o revirtiendo este plan, por lo que debería estar acompañada de un fuerte marco legal, que refuerce las acciones futuras”, dijeron. “Esta fue la alternativa de reestructuración que desarrolló el actual directorio”.
¿Por qué Petroperú ha llegado a la situación actual? Hay tres razones que lo explican: (i) una histórica injerencia política y sindical, que ha llevado a que la empresa se aleje largamente del manejo eficiente, transparente y del buen gobierno corporativo; (ii) la construcción de la Nueva Refinería Talara (NRT) que habiendo costado el doble de lo presupuestado tendrá un largo proceso de estabilización con el riesgo de seguir impactando los estados financieros por al menos dos años más; (iii) y el consecuente sobreendeudamiento que ha deteriorado al extremo sus ratios de solvencia y liquidez.
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