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Angela Grossheim: La minería ilegal, una pérdida importante de ingresos para el Estado equivalente a S/ 22,700 millones al año

Actualmente, la minería pequeña o artesanal está bajo fiscalización de los gobiernos regionales. Grossheim, exministra de Energía y Minas, considera que estas autoridades no cuentan con las capacidades y los recursos para poder hacerlo como corresponde.

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Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), informó que, en los últimos años, la minería ilegal ha representado una pérdida importante de ingresos para el Estado, equivalente al 2.5% del PBI anual (S/ 22,700 millones al año).

En declaraciones a Gestión, Grossheim considera que “el Reinfo [Registro Integral de Formalización Minera] ya no debería continuar ampliándose ni permitiendo que se incorporen más personas con solo la inscripción porque cuando uno se inscribe, tiene que cumplir con algunas condiciones que son pequeñas: tener un instrumento de gestión ambiental, inscribirse en un registro único y señalar cuál es su producción”.

Si no se cumple, las personas que ya se inscribieron en el Reinfo no pueden ser procesadas por minería ilegal. Por lo que se “ha generado una puerta abierta para las actividades delictivas porque con ese documento, las personas que no quieran formalizarse, pueden ser impedidos de ser procesados por ello”.

Grossheim explica que determinadas zonas requieren una seguridad especial, producto de la violencia que se ejerce con la minería ilegal. A su vez, considera que deben implementarse direcciones especializadas en el Ministerio del Interior para dirigir labores de inteligencia e investigación.

Según el documento Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú, elaborado por la SNMPE, existen seis zonas abordadas por economías ilícitas producto de la minería ilegal.

En estos territorios, se encuentran clanes familiares mafiosos; control y corrupción de autoridades políticas y funcionarios para la rentabilidad del negocio ilícito; control territorial y de rutas por cárteles mafiosos; presencia de un poder mafioso contra el estatal, incluso transnacional en zonas de frontera; gran impacto ambiental; violación de derechos humanos.

Actualmente, la minería pequeña o artesanal está bajo fiscalización de los gobiernos regionales. Grossheim, exministra de Energía y Minas, considera que estas autoridades no cuentan con las capacidades y los recursos para poder hacerlo como corresponde.

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