En los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en distintos países del Medio Oriente, incluyendo Irak. Desde fuera, muchas veces esta región aparece en los titulares internacionales asociada a conflictos, tensiones geopolíticas o inestabilidad. Sin embargo, quienes hemos trabajado allí sabemos que la realidad cotidiana está definida, sobre todo, por las personas: ingenieros, operadores, técnicos, conductores, cocineros y miembros de las comunidades locales que cada día contribuyen con profesionalismo, hospitalidad y resiliencia al desarrollo de las operaciones energéticas.
Esta reflexión surge después de participar recientemente en un webinar de GAIA SPE PERÚ con dos presentaciones sobre derechos humanos en la industria de hidrocarburos y sobre debida diligencia empresarial en derechos humanos dentro de la cadena de valor del sector energético.
Las personas con las que trabajamos no son estadísticas ni conceptos dentro de un informe ESG: son colegas, amigos y socios en el esfuerzo de desarrollar proyectos complejos en entornos desafiantes.
En este Webinar se discutió cómo las empresas del sector deben integrar la gestión de derechos humanos en todo el ciclo del negocio, desde la exploración hasta la producción de hidrocarburos, incluyendo la relación con contratistas, proveedores, clientes, comunidades y autoridades.
Las presentaciones destacaban una idea central: los derechos humanos no son un concepto abstracto ni exclusivamente político. En su esencia, significan algo muy simple y profundo: todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad. En el contexto de la industria energética, esto implica reconocer que nuestras decisiones operativas, logísticas o contractuales pueden tener impactos reales en la vida de las personas.
En sectores de industrias extractivas como el de hidrocarburos o minería, muchas operaciones se desarrollan en territorios complejos, donde existen desafíos institucionales, desigualdades socioeconómicas o contextos de conflictividad. Por ello, las empresas enfrentan hoy una expectativa creciente de aplicar procesos de debida diligencia en derechos humanos. Esto significa identificar riesgos, anticipar impactos potenciales sobre trabajadores, comunidades y otros grupos de interés, y adoptar medidas para prevenir, mitigar o remediar esos impactos.
A pesar de las dificultades que enfrenta actualmente la región, sigo manteniendo una profunda admiración por mis colegas y amigos allí. De hecho, tengo la firme intención de regresar muy pronto para continuar trabajando junto a ellos.
En términos prácticos, la debida diligencia en derechos humanos implica analizar la cadena de valor completa: desde la contratación de proveedores y subcontratistas hasta las condiciones laborales, la interacción con comunidades locales, la seguridad de las operaciones y la gestión ambiental. Cada eslabón puede representar un riesgo potencial, pero también una oportunidad para fortalecer prácticas responsables y sostenibles.
Sin embargo, más allá de los marcos normativos, las matrices de riesgos o los reportes de sostenibilidad, la dimensión humana se vuelve mucho más evidente cuando uno trabaja directamente en el campo. Recuerdo conversaciones con colegas kurdos durante largas jornadas de trabajo, compartiendo comidas en los campamentos o discutiendo soluciones técnicas para mejorar las operaciones. En esos momentos queda claro que detrás de cada política de sostenibilidad hay personas concretas, con familias, aspiraciones y esperanzas.
Muchos colegas con los que he trabajado en el Kurdistán iraquí muestran una enorme capacidad de adaptación y optimismo, incluso en contextos que pueden ser difíciles desde el punto de vista político o económico. Esa actitud genera una profunda admiración y también refuerza la responsabilidad que tenemos como profesionales del sector energético: asegurar que nuestras operaciones respeten y promuevan la dignidad humana.
Los conflictos actuales que afectan a distintas regiones del mundo nos recuerdan lo frágiles que pueden ser la estabilidad y la paz. En ese contexto, las empresas no pueden limitarse solamente a gestionar riesgos técnicos o financieros. También deben considerar los riesgos sociales y humanos; y también los geopolíticos, asociados a sus actividades.
En sectores de industrias extractivas como el de hidrocarburos o minería, muchas operaciones se desarrollan en territorios complejos, donde existen desafíos institucionales, desigualdades socioeconómicas o contextos de conflictividad.
Integrar los derechos humanos en la gestión empresarial no significa simplemente cumplir con un requisito regulatorio o con estándares internacionales de sostenibilidad. Significa reconocer que el desarrollo energético solo puede ser verdaderamente sostenible si se construye sobre una base de respeto, inclusión y responsabilidad hacia las personas.
Para quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en regiones del Golfo Pérsico como Irak, y otros países, este principio adquiere un significado muy concreto. Las personas con las que trabajamos no son estadísticas ni conceptos dentro de un informe ESG: son colegas, amigos y socios en el esfuerzo de desarrollar proyectos complejos en entornos desafiantes.
A pesar de las dificultades que enfrenta actualmente la región, sigo manteniendo una profunda admiración por mis colegas y amigos allí. De hecho, tengo la firme intención de regresar muy pronto para continuar trabajando junto a ellos. Confío en que la cooperación profesional, el respeto mutuo y la aplicación de prácticas responsables en la industria energética pueden contribuir, aunque sea modestamente, a construir entornos más estables, más justos y humanos.
