La reciente aprobación, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, de un dictamen que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de caducidad de las concesiones mineras sin actividad, no se ajusta a los tiempos reales que demanda el desarrollo de un proyecto minero y genera un desfase entre el marco legal y la dinámica técnica de la exploración y puesta en operación, afirmó César Riofrío, geólogo senior y miembro del comité organizador de proEXPLO 2026.
“El tiempo promedio entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción es de 28 años a nivel mundial. En el Perú, debido a la carga burocrática, puede extenderse entre 40 y 55 años”, explicó el geólogo al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). En ese contexto, advierte que exigir actividad productiva en un plazo de 15 años no se ajusta a la complejidad técnica actual de los proyectos mineros.
Riofrío subraya que los nuevos descubrimientos suelen estar cubiertos, se encuentran a mayor profundidad, pueden presentar leyes más bajas y/o contener elementos como arsénico que requerirán procesos metalúrgicos más complejos y costosos.
“Lo que hoy se etiqueta como ‘ocioso’ puede ser un proyecto en exploración intensiva o una reserva estratégica cuya explotación depende de factores técnicos o de mercado”, precisó al IIMP.
Desde el punto de vista operativo, recuerda que la exploración comienza con amplios bloques de concesión para desarrollar programas generativos: mapeo geológico regional, muestreo sistemático de sedimentos, suelos y rocas, geofísica aérea e interpretación de imágenes satelitales. Esta etapa preliminar puede tomar entre cuatro y cinco años, sin considerar el tiempo necesario para permisos y acuerdos con comunidades.
“Reducir los plazos obligaría a acortar los tiempos de evaluación y podría forzar el abandono de áreas con potencial que aún no han completado su maduración técnica”, advirtió el especialista con 35 años en exploración minera en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.
El ingeniero geólogo también alertó sobre el impacto en la formalidad del sistema. Si una concesión caduca a los 15 años, pasa a libre disponibilidad y puede ser solicitada por terceros, incluso mediante procesos de remate. A su juicio, sin una reforma paralela que simplifique la tramitología, la medida podría aumentar el número de concesiones que caducan por causas administrativas más que geológicas.
En cuanto a la inversión, Riofrío considera que cualquier intento por dinamizar el sector debe ir acompañado de cambios estructurales. “Desde el descubrimiento hasta la puesta en operación pueden requerirse entre 200 y 400 permisos y la intervención de hasta 19 entidades públicas. Sin una ventanilla única y plazos predecibles, reducir la vigencia de la concesión será técnicamente inviable para el minero formal”, sostuvo.
