Una corte de apelaciones chilena revocó un fallo favorable en la prolongada disputa sobre el proyecto de hierro y cobre Dominga, de US$2.500 millones, propiedad de Andes Iron. La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló por unanimidad un fallo del Primer Tribunal Ambiental que ordenaba a una comisión de ministros realizar una nueva votación sobre la mina y el puerto propuestos en la región central de Coquimbo, calificándolo de inadmisible y con vicios de procedimiento.
“El fallo nos sorprende y desilusiona, ya que llevamos 12 años en tramitación, siendo uno de los casos icónicos de la permisología en Chile que sigue sin solución. No obstante, queremos ser claros al afirmar que en ningún caso esta decisión nos desanima ni altera nuestra convicción de seguir adelante con el Proyecto Dominga”, expuso la compañía a través de una declaración pública.
La empresa minera Andes Iron se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que dejó sin efecto la resolución del Primer Tribunal Ambiental de febrero de 2025 sobre el proyecto Dominga.
La corte no evaluó los méritos del proyecto, centrándose en la validez del proceso de votación de ejecución. La empresa enfatizó que este proyecto minero-portuario ha superado rigurosas revisiones por parte de organismos especializados. “La justicia ambiental y todos los procesos ambientales han señalado que Dominga cumple con la normativa”, remarcó.
Dominga, presentado inicialmente en 2013, incluiría dos minas a cielo abierto, Norte y Sur, y un puerto, con una vida útil estimada de 26,5 años. El proyecto está diseñado para producir 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley y baja pureza, y 150.000 toneladas anuales de concentrado de cobre. Andes Iron afirma que crearía 30.000 empleos y cumpliría con estrictas normas ambientales tras años de revisión.
El yacimiento se encuentra a unos 500 km al norte de la capital, Santiago, cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y otras áreas protegidas. Grupos ambientalistas y el gobierno del presidente Gabriel Boric se oponen al proyecto, argumentando que su proximidad a zonas ecológicamente sensibles representa riesgos inaceptables para las especies protegidas.
