La minería ilegal se ha convertido en uno de los principales riesgos para la economía peruana, al punto de neutralizar los beneficios que el país podría obtener del actual ciclo de altos precios de los metales, advirtió Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.
En entrevista con Diario El Comercio, el economista señaló que, aunque la minería crecerá este año por efecto precio, el impacto fiscal será limitado debido a la expansión de la minería informal e ilegal, especialmente en el oro. “Si tuviéramos más minas formales de oro, podríamos incrementar la recaudación fuertemente”, afirmó.
Casas precisó que la minería formal llegó a aportar el 25% de la recaudación tributaria en 2007, pero en la última década su contribución promedio se ha reducido a 11%. Con los precios actuales, añadió, el Estado está perdiendo una parte significativa de ingresos que hoy se canalizan por circuitos ilegales.
El especialista advirtió que la minería ilegal ya supera en gravedad a la tramitología y a la conflictividad social, al estar asociada al aumento de la delincuencia, el contrabando y la trata de personas, además de generar riesgos para grandes proyectos mineros, principalmente en el sur del país. “Si la minería ilegal logra dominar los territorios de la minería artesanal y de algunas minas formales, eso se puede convertir en un desincentivo para la inversión”, alertó.
Sostuvo que el Estado debe diferenciar entre los pequeños mineros que buscan formalizarse y las redes ilegales, y actuar con firmeza contra estas últimas. “Lo que tenemos que hacer es separar bien la paja del trigo para conocer quiénes son los mineros ilegales y con ellos no tener piedad”, concluyó.