Bolivia enfrenta una creciente crisis económica, en el marco de las próximas elecciones generales del 17 de agosto. El país llega a esta cita electoral con inflación récord, déficit fiscal de dos dígitos y una aguda escasez de divisas, tras cerca de 20 años de políticas estatales intervencionistas y elevado gasto público.
La nacionalización del sector hidrocarburos en 2006 coincidió con un ciclo de altos precios internacionales que permitió un crecimiento promedio de 5.0% anual entre 2005 y 2014, acompañado de superávits fiscales. Sin embargo, indica el Instituto de Economía del Perú (IPE), en un reciente análisis, “desde 2015, la caída del precio del gas y la ausencia de inversión redujeron la producción en un promedio de 6.0% anual, llevando al país a importar hidrocarburos desde 2022. Como resultado, el crecimiento económico de la última década se redujo a la mitad”.
Para el IPE, en un clima de estatización poco favorable, la inversión privada ha mostrado una tendencia descendente desde hace casi dos décadas, representando apenas 42% de la inversión total entre 2007 y 2024, frente al 60% que registraba previamente. La inversión pública, impulsada por las rentas del gas natural en años previos, se viene ajustando a la baja desde 2017. Este escenario adverso ha llevado a Bolivia a acumular altos niveles de deuda y a sostener un déficit fiscal elevado.
“Así, el deterioro fiscal es notorio: Bolivia acumula diez años consecutivos de déficit, que en 2024 alcanzó 10.3% del PBI. Además, la deuda pública se aproxima a igualar su PBI al alcanzar el 95% de este en 2024. Por ello, en un escenario de menores ingresos y mayores gastos, el Banco Central de Bolivia viene financiando crecientemente las operaciones de sector público no financiero, que al 2024 alcanzan el 33.8% del PBI boliviano”, afirma la entidad.
En el frente externo, la situación de reservas internacionales es crítica. Desde 2015, estas se redujeron en 85%, como consecuencia de la estrategia de sostener un tipo de cambio fijo en un contexto de menores ingresos por hidrocarburos. Al primer trimestre del 2025, 95% del saldo en reservas corresponde a oro, lo que limita la capacidad de intervención cambiaria. Además, la escasez de divisas derivó en la aparición de un mercado paralelo en 2023, donde la cotización del dólar supera en más de 100% la tasa oficial.
“Este escenario de reservas agotadas, subsidios insostenibles y presión cambiaria ha derivado en una inflación promedio de 17.5% en lo que va del 2025, con los precios de los alimentos creciendo en alrededor de 30%”, dice el IPE. “El impacto recae con mayor fuerza sobre los hogares de menores ingresos, mientras el espacio fiscal para medidas de alivio es cada vez más limitado”.
Hacia adelante, el FMI plantea que solo un programa integral de ajuste fiscal y liberalización monetaria permitiría a Bolivia recuperar gradualmente el crecimiento y moderar las presiones inflacionarias hacia 2030. Sin dichas reformas, el país enfrentará un prolongado periodo de bajo dinamismo económico, y vulnerabilidad macroeconómica y social.
Este análisis fue presentado por el IPE en el seminario virtual “Lecciones del modelo boliviano”, que contó con la participación de Diego Macera, director del IPE, y Luis Carlos Jemio, exministro de Hacienda de Bolivia.
Jemio concluyó su intervención indicando que el país de referencia para Bolivia debiera ser el Perú en términos de un manejo macroeconómico impecable y una apertura comercial importante. Además, recomendó al Perú a mantener ese modelo de desarrollo y evitar creer que el modelo boliviano es una referencia porque claramente no lo es.
