Los recientes asesinatos y los múltiples atentados contra las operaciones de minería formal evidencian claramente los peligros de la minería ilegal y los enormes desafíos del programa de formalización minera, que tiene al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como principal instrumento de acción. En los últimos años, esta actividad ha generado una escalada de violencia, así como daños significativos sobre la salud pública y el medio ambiente.
En 2024, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron un récord de US$7,415 millones, un 54% más que en 2023, según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE). Este crecimiento ha sido impulsado por el alza del precio internacional del oro —que subió casi 70% en cinco años y superó los US$3,000 por onza— y por la falta de control estatal. Además, políticas como el Reinfo han otorgado una apariencia de legalidad a esta actividad ilegal, facilitando su expansión.
Pese a sus impactos negativos, los recursos destinados a combatir esta actividad ilícita han disminuido 37% en términos reales desde el 2019. El presupuesto del programa “Reducción de la minería ilegal” ascendió a S/ 89 millones en 2024, muy por debajo de los S/ 121 millones destinados en 2019.
Perú es un jugador clave en el abastecimiento de oro ilegal en el mundo. Según el IPE, nuestro país explica el 44% de las exportaciones de Sudamérica y los principales destinos se han ajustado en favor de mercados con menores exigencias: hace 10 años cerca del 75% de las exportaciones de oro tenían como destino Suiza, EE.UU. y Canadá. Ahora, cerca del 40% de los envíos se dirigen hacia India y Emiratos Árabes Unidos, mercados con menores exigencias sobre el origen de los productos.
La expansión de la minería ilegal refuerza la presencia del crimen organizado y el impacto negativo sobre el medio ambiente, especialmente en regiones como La Libertad y Madre de Dios. El número de homicidios por cada 100 mil habitantes en el Perú pasó de 3.5 a 6.0 entre 2019 y 2024, registrando un incremento de +2.5. En regiones con alta presencia de esta economía ilegal el incremento fue mayor: Madre de Dios (+6.5) y La Libertad (+6.1).
Las denuncias por extorsión a nivel nacional se multiplicaron por cuatro en el mismo periodo, siendo La Libertad la región con el mayor registro, con 250 por cada 100 mil habitantes, cinco veces el promedio nacional, informa el IPE.
La actividad minera ilegal tiene también impactos significativos en el medio ambiente. Por ejemplo, entre 2021 y 2024, la deforestación atribuida a esta actividad ilegal alcanzó casi 31 mil hectáreas (equivalentes a 43 mil canchas de fútbol), según estimaciones del Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP). Así, la minería ilegal genera efectos perjudiciales sobre el desarrollo de las actividades económicas, compromete la seguridad pública y deteriora la disponibilidad de recursos naturales.
Además, las estadísticas oficiales no reflejan con precisión la situación real de la minería ilegal. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de oro en Madre de Dios se redujo 84% entre 2019 y 2024. Gran parte de dicha caída estaría asociada con la Operación Mercurio. Sin embargo, varios estudios de la Unión Americana de Geofísica y MAAP muestran la apertura de nuevos centros de explotación, visibles mediante imágenes satelitales.
El consumo atípico de combustibles en zonas como Madre de Dios refleja el repunte de la minería ilegal y de otros ilícitos, que se ven impulsados por beneficios tributarios. En 2024, se consumieron casi 50 galones mensuales de combustible por persona en la región, más de cinco veces el promedio nacional (9 galones mensuales por persona). Dicho insumo es clave para la extracción de oro en zonas aisladas y su demanda se ha incrementado en 60% en los últimos cinco años ante el mayor precio del metal y el debilitamiento de las medidas de lucha contra esta actividad desde la pandemia. Peor aún, la comercialización de combustibles en Madre de Dios (y en otras zonas de la Amazonía) se encuentra exenta del pago de IGV e ISC.
Pese a sus impactos negativos, los recursos destinados a combatir esta actividad ilícita han disminuido 37% en términos reales desde el 2019. El presupuesto del programa “Reducción de la minería ilegal” ascendió a S/ 89 millones en 2024, muy por debajo de los S/ 121 millones destinados en 2019. Así, de cada S/ 100 del presupuesto total asignado para orden público y seguridad, se gasta solo S/ 0.50 en combatir la minería ilegal.
El número de homicidios por cada 100 mil habitantes en el Perú pasó de 3.5 a 6.0 entre 2019 y 2024, registrando un incremento de +2.5. En regiones con alta presencia de esta economía ilegal el incremento fue mayor: Madre de Dios (+6.5) y La Libertad (+6.1).
Uno de los principales problemas de las políticas contra la minería ilegal radica en el Reinfo, que no solo no ha cumplido con su propósito, sino que se ha tornado contraproducente. El programa ha sido ampliado en cuatro ocasiones desde 2017. Además, el 76% de los 84,470 registros están suspendidos. Resulta especialmente preocupante que, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos, los productores mineros en esta situación continúen siendo considerados por las autoridades como ‘informales’ y no ‘ilegales’, lo que les permite eludir las acciones de fiscalización.
Un estudio del IPE propone una estrategia general de combate a la minería ilegal. Dicho estudio recomienda el cierre del Reinfo y, en su lugar, implementar una política integral, con un régimen que promueva la formalización, sin ampliaciones ni eximiendo de responsabilidades penales a los involucrados.
Adicionalmente, el estudio subraya la necesidad de una política de trazabilidad integral que priorice la fiscalización en la cadena de suministro del oro, además de acciones de acompañamiento al proceso de formalización e inteligencia para un combate efectivo.
