Nueva Ley MAPE debe tener en cuenta la fiscalización de plantas de beneficio

César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, consideró necesario mayor transparencia y lucha contra la corrupción en las instituciones con respecto a la minería ilegal. “No podemos olvidar temas de corrupción que están instaurados en las distintas instancias, desde los que tienen que controlar o los que tienen que fiscalizar. Hemos tenido temas de corrupción tremendos y no podemos dejar de lado las medidas de transparencia y lucha contra la corrupción en la minería ilegal, que es la principal actividad económica ilegal del país”, dijo en el Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Comentó que participó en la elaboración de un informe para USAID denominado “Corrupción en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en la Amazonía peruana”. Ahí se identificó 11 riesgos de corrupción en la cadena de valor del oro en la MAPE que aplican para todo el país. “Partamos de mecanismos y tecnología para abordar ello,  si no, vamos a seguir en la mismo”, advirtió Ipenza.

Ipenza se refirió a la importancia de fiscalizar las plantas de beneficio, donde se procesa el mineral, aspecto que debería incluirse en la nueva Ley MAPE. “Cuando he visto el borrador de la propuesta del Ejecutivo que tiene cosas quizás interesantes, pero no aparece el tema de las plantas de beneficio. Y para mí, concretamente, ya nos ha mostrado el estudio de Videnza que no hay una capacidad de fiscalización”, apuntó.

Por ello, enfatizó que es necesario conocer cuánto material verdaderamente se mueve en las plantas de beneficio y de dónde procede. De igual manera, sugirió que el Gobierno apoye a las Direcciones Regionales de Energía y Minas, ya que muchas veces estas no cuentan con los recursos ni instrumentos para fiscalizar.

Por otro lado, instó a los poderes del Estado a actuar con diligencia y en los plazos establecidos para atender este asunto, especialmente para no ampliar el plazo de funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo objetivo ha fracasado.

“El Congreso debe escuchar las voces de todos, no solamente de los que generan una actividad ilegal o informal. Hemos mandado opinión, por ejemplo, a la Comisión de Energía y Minas sobre los proyectos de ley del Reinfo y la ampliación del proceso de formalización y en ningún momento aparecen en su predictamen esas opiniones, pero sí aparecen las opiniones que le son favorables. Entonces, toca considerar ello porque ellos regulan para todo el país, no para un grupo en particular”, subrayó.