Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, afirmó que si el Perú implementa un sistema similar al de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) que opera en el vecino país, podría controlar alrededor del 70% de la minería ilegal en 5 años.
“No le digo que sea que sea de inmediato el control, va a ser pausado y digamos de aquí a cinco años perfectamente se puede controlar, al menos, digamos el 60% o 70% de la minería ilegal, si es que realmente se hace este modelo, llamémoslo la ENAMI chilena”, indicó en entrevista para el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
En ese sentido, explicó que la ENAMI, en Chile, se ocupa de la pequeña y mediana minería y ha logrado controlarla, registrarla y capacitarla. Incluso otorga dinero para el fomento de esta actividad y brinda apoyo con ingenieros para los planes mineros a esa escala.
“De esa manera, entonces, se eliminó la minería informal allá. Y no tan solo eso, porque también en la pequeña minería se disminuyeron los accidentes y el derrumbe de minerales. Los derrumbes muchas veces están en la mediana o los accidentes en la gran minería, fíjese, y no es la pequeña porque los mineros tradicionalmente se saben cuidar”, anotó Viera.
Ante la situación crítica que afronta el Perú con la minería ilegal, el representante chileno consideró que, en primer lugar, se necesita fortalecer la formalización. Para ello, sugirió establecer una alianza público privada para instalar distintos puntos de control en las zonas de minería ilegal. Por ejemplo, poderes de compra, plantas de procesamiento, zonas de pesaje, a donde lleguen los distintos productores y se tengan que registrar para acceder al servicio que requieran.
“En vez de estar haciendo las cosas [ilegales], que lo hacen, así se registran, se formalizan y además entran a la estadística de la economía. Porque en estos momentos, yo creo que más de US$ 3,000 o 4,000 millones se van de la estadística de la economía del Perú solamente por la minería ilegal”, señaló en el programa del IIMP.
Explicó que una vez registrados, los mineros podrían tener acceso a derecho y beneficio, capacitación, fomento y algunos préstamos relativamente blandos, “para que ellos sepan de que el Gobierno y el Estado sí realmente los está considerando y quieren resolver el problema”.
En segundo lugar, consideró muy importante regular la venta del mercurio. “El mercurio es el veneno para el medio ambiente y para nosotros mismos, entonces hay que regular. Eso es un papel del Estado, regular justamente toda aquella materia prima en la cual los mineros ilegales sí tienen disponibilidad al respecto”, recalcó.
