El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Abraham Chahuan, afirmó que las instituciones del Estado fiscalizan más a la minería formal que genera inversiones y beneficios para la población, que a la minería ilegal que solo genera otros delitos, pérdidas económicas y depreda el ecosistema.
“No debemos ceder ante las presiones, hay presiones que tienen otro carácter. Claro, para minería ilegal me hago el del ojo gordo, pero a los que quieren traer 7, 8 o 10 billones (de dólares) les pongo 400 permisos. ¿Tiene sentido? No. ¿Por qué las instituciones del Estado no van a ver la minería ilegal? En las (concesiones) formales supervisan tres meses. Ok, pero también vayan al otro lado”, dijo en su última conferencia denominada Reflexiones en torno a la evolución minera desde el IIMP, como titular de la institución por el periodo 2022-2024.
Chahuan eñaló que la excesiva permisología retrasa el desarrollo de los proyectos. Por ejemplo, detalló que la carga regulatoria para la minería aumentó de 12 a 265 procesos administrativos en las últimas dos décadas. Asimismo, manifestó que existen 407 regulaciones administrativas en 29 instituciones, lo cual desalienta a que inversionistas de otros países apuesten por el nuestro.
“El atractivo del Perú para las inversiones mineras se ha reducido en los últimos años, especialmente en Percepción de Políticas Públicas, debido a factores como regulación extensa y fragmentada, que genera incertidumbre, de acuerdo al ranking Fraser”, resaltó.
Recordó que el costo económico de la no ejecución entre 2008 y 2022, de los 23 proyectos mineros, significó pérdidas de S/ 700 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal. “La no ejecución impidió que 1.7 millones de personas adicionales hayan salido de la pobreza hacia 2022”, finalizó.
