En los últimos 15 años, la minería ilegal ha acumulado un considerable poder económico, ejerciendo control territorial en algunas zonas del país. “Según estimaciones del Estado, la minería ilegal e informal ocupa unas 25 millones de hectáreas del territorio nacional y en algunos casos operan junto al crimen organizado para lograr sus propósitos”, explicó Carlos Cotera, presidente de la XV edición del Congreso Nacional de Minería (Conamin) 2024, que se realizará del 24 al 28 de junio en la ciudad de Trujillo, y gerente general de la compañía minera Antapaccay.
Para Cotera es necesaria la aplicación de políticas efectivas que visibilicen a la población de extrema pobreza que, ante las necesidades existentes, se convierte en presa fácil para ser tentadas por quienes actúan al margen de la ley.
Aclaró que la minería ilegal e informal no son una responsabilidad de las empresas mineras, “pero eso no implica que no podamos trabajar articuladamente con el Estado para contribuir con la solución”.
El ejecutivo sostuvo que es necesario hacer un análisis respecto a las políticas que se impulsan en Perú, como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que lamentablemente puede ser usado como un mecanismo para otorgar patentes a mineros ilegales y continuar con sus actividades ilícitas.
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