Hasta julio de 2023, las regiones amazónicas de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco registraron un total de 11,023 inscripciones para la formalización minera en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de los cuales solo el 21.58% se encuentran vigentes y el 78.42% permanecen suspendidos por no cumplir la normativa.
Así lo advierte el informe Minería ilegal en la Amazonía peruana, desarrollado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, donde se indica que Madre de Dios concentra el 83.96% de todas las inscripciones y los distritos de Huepetuhe, Madre de Dios, Inambari y Laberinto poseen conjuntamente el 77.33% de las inscripciones.
Respecto a la minería ilegal, se observa que el 13% de los distritos que conforman las regiones amazónicas tienen presencia de minería ilegal en diferentes intensidades, y que en el 91% de los casos se trata extracción de oro, mientras que el 9% restante se trata de extracción de minerales no metálicos, principalmente agregados para construcción.
Además, entre los ríos afectados por la actividad minera ilegal en regiones amazónicas, se identifica el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Mazán, Curaray, Putumayo, Tapiche, Yaguas, Cenepa, Pachitea, Pozuzo, Yuyapichis, Inambari, Madre de Dios, Malinowski, Punkiri, Pariamanu y otros afluentes menores de la cuenca de Madre de Dios.
En particular, solo en Madre de Dios se perdieron 18,421 hectáreas de bosque a causa de la minería ilegal entre 2021 y 2022, lo que equivale a perder toda la provincia constitucional del Callao. Pese a la afectación, en las demás regiones no se han realizado estudios para medir el impacto de esta actividad ilícita en la pérdida de bosques.
Sobre lo acontecido, Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, declaró al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que la minería informal e ilegal emplea produce más de 1 millón de onzas de oro al año, lo que representa cerca de 2,000 millones de dólares y es casi el 1% del PBI, es decir, “es lo que pierde el Perú y es la real magnitud del problema”.
A reglón seguido, el ejecutivo explicó que la minería no formal es intensiva en mano de obra, se basa en contenidos metálicos más altos, y destruye todo marco de institucionalidad, porque compra insumos, transporta materiales a lo largo del territorio sin respetar estándares ni derechos laborales, y no responde a ningún permiso ambiental.
