Claudia Jiménez, directora ejecutiva del Grupo de Diálogo sobre Minería (GDIAM), afirmó que Colombia apenas registra una participación del sector minero no mayor al 2% en el PBI nacional en los últimos 30 años, y que hasta el momento no decide si quiere ser un país de naturaleza minera y si quiere apalancar parte de su crecimiento en la explotación de recursos naturales.
“No hemos tomado esa decisión, no tenemos una visión compartida sobre el rol que debe jugar la actividad extractiva en nuestro desarrollo. De hecho, hoy tenemos un gobierno declarado públicamente antiextractivista. No obstante, entre el 17 y 20% del presupuesto general de la nación viene de las regalías que aportan los sectores petrolero y carbonífero”, reflexionó.
Durante el Jueves Minero titulado “El diálogo minero, la experiencia colombiana”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la experta, incluso, comparó a Colombia con otros países de mayor tradición minera en Latinoamérica y dijo, muy convencida, que Perú le lleva hasta 30 años de desarrollo en la actividad minera y Chile hasta 60 años de madurez.
“En Colombia, la actividad minera se desarrolla en territorios con características complejas, por la existencia de conflictos, tensiones y situaciones de violencia. Las minas no están las ciudades, sino en territorios profundos, donde existen comunidades étnicas con ecosistemas sensibles y biodiversos, los cuales hay que cuidar para relacionarnos de manera pacífica”, comentó.
Diálogo
Bajo esta premisa, la exministra consejera señaló que se formó el Grupo de Diálogo sobre Minería en 2014, el cual está integrado por personas con diversas visiones e intereses en torno al aprovechamiento de los recursos mineros en Colombia, y tiene el propósito de generar acuerdos sobre cómo la minería puede contribuir al desarrollo sostenible de dicho país.
“Nuestro primer objetivo fue conocer cómo las comunidades entendían el valor de la tierra como un elemento productivo o sagrado, el segundo fue buscar consensos mediante el diálogo informado para superar dificultades, y el tercero ha sido tener capacidad de incidencia para que se vuelvan realidad los consensos a los que difícilmente llegamos”, dijo Claudia Jiménez.
Asimismo, agregó que dicha organización ha construido propuestas de políticas públicas para el Estado, elaborado protocolos de relacionamiento para las empresas mineras con autoridades, comunidades, activistas y sindicatos, y aportado recomendaciones a las comunidades para relacionarse con la industria o actividades mineras de pequeña, mediana y gran escala.
La directora ejecutiva del GDIAM convocó inicialmente a distintas reuniones en sus primeros dos años, logrando obtener una visión compartida de la actividad minera, la cual debe ser incluyente con la diversidad cultural y otras actividades económicas, resiliente con el sistema social y ecológico y competitiva en creación de valor e infraestructura institucional.
“Colombia tiene índices de pobreza que llegan al 39% y es inaceptable vetar cualquier actividad legal que pueda ayudar a nuestros territorios a generar mayor bienestar. Por eso, debemos aprovechar la renta minera para dejar desarrollo e infraestructura. No es fácil, pero se puede alcanzar consensos para conocer y atender las prioridades de las comunidades”, remarcó.
