El Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó suspender sus actividades a la empresa Ariana Operaciones Mineras SAC cerca al sistema hídrico de Marcapomacocha, un complejo de lagunas e infraestructura hidráulica construido por el Estado para llevar agua a Lima y Callao desde la cuenca del río Mantaro. Aquí les compartimos la sentencia judicial.
Según el fallo, la suspensión que se mantendrá vigente hasta que “el Ministerio de Energía y Minas realice un estudio complementario (con la participación del ANA), a fin de tener certeza que las actividades extractivas no ponen en riesgo el agua que discurre a la ciudad de Lima y Callao” con el objetivo de tener certeza de que las actividades extractivas no ponen en riesgo el agua que discurre a la ciudad de Lima y Callao a través del túnel trasandino.
Esta resolución responde a la demanda de amparo que interpusieron, en 2019, el exviceministro del Ambiente José De Echave junto a las excongresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, contra el Ministerio de Energía y Minas. La procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego han apelado esta sentencia, debiendo la sala constitucional competente pronunciarse en segunda instancia.
Los demandantes, patrocinados por el Instituto de Defensa Legal (IDL), alegaron que el proyecto minero constituía una amenaza inminente al derecho de acceso a agua potable de Lima y Callao, al derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y también al derecho a la salud.
El inicio de las operaciones del proyecto Ariana genera una “alta y razonable posibilidad de un corte y suspensión de la provisión de agua a 10 millones de habitantes de Lima y Callao, como consecuencia de un sismo o un accidente en las operaciones de la mina que afecte el sistema de trasvase de agua existente”, alegó IDL.
